El Gobierno fracasa de nuevo en su intento de poner orden en el Puerto
Las negociaciones no se reanudarán al menos hasta después de las elecciones
El modelo del transporte de mercancías por carretera que rige en el Puerto de Bilbao se mantendrá sin cambios en 2009, pese a que las instituciones intentan desde hace cuatro años desmontar el actual sistema de cartel por el que las empresas han de contratar con un cupo cerrado de camioneros, que han pagado hasta 84.000 euros por cada licencia para trabajar en las instalaciones portuarias. Las instituciones implicadas, encabezadas por el Gobierno vasco, se han resignado a este nuevo fracaso tras el último intento fallido del pasado febrero, cuando ofrecieron pagar hasta 25.000 euros por camionero. La propuesta fue rechazada de plano por los chóferes, agrupados en los sindicatos Sintrabi y Egas, que suman a la gran mayoría de los 1.200 profesionales que trabajan en el Puerto. Desde entonces no se ha producido ningún contacto entre ambas partes.
Fuentes próximas a la negociación aseguran que ese fracaso ha abortado la apertura de cualquier nuevo contacto y que, ante la proximidad de las elecciones autonómicas (previstas para la primavera de 2009, si no hay un adelanto), no es previsible que se retomen hasta el año entrante. El comisionado del Puerto, la figura oficial que creó el Gobierno para intentar resolver la situación, mantiene su tradicional mutismo. "No hay nada que comentar", señaló a EL PAÍS su titular, Rafael Puntonet, a través de un portavoz.
El cuestionado sistema de transporte del Puerto de Bilbao, el cuarto de España en tráfico de mercancías (más de 40 millones de toneladas en 2007), se remonta a 1994, cuando, tras la crisis del sector, los camioneros se convirtieron en autónomos y montaron un sistema de reparto cerrado del trabajo. Ello obligó a las empresas a contratar con un grupo concreto de chóferes. El plan del Gobierno (al que respaldan la Diputación de Vizcaya, la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio) persigue acabar con ese cupo y que los autónomos se reúnan en empresas con una dimensión significativa para acceder a los portes.
El proyecto llevó al Ejecutivo a crear la figura del comisionado para negociar con los profesionales y se constituyó una comisión que implicó a una veintena de entidades y que en 2006 abordó el posible cambio de modelo. Aquel foro no supuso ningún avance, ya que cada parte se limitó a exponer sus opiniones. Ante la sorpresa de la mayoría, el comisionado presentó un documento, que era una mera declaración de intenciones que fijaba la libre competencia para el 1 de enero de 2008. La fecha llegó y todo siguió igual. En los primeros meses de este año, Puntonet se reunió con los dos sindicatos de camioneros, que culminaron con la oferta de pagar hasta 25.000 euros a cada profesional.
La propuesta iba, en teoría, en contra del reiterado anuncio del Gobierno de que no se debe pagar por las licencias, práctica que siempre ha considerado ilegal. Por ello, Puntonet la consideró un abono por la entrega de la tarjeta del transporte, que se sumaría a las ayudas de los ejecutivos central y vasco por el cese de actividad. Sin embargo, esa cantidad queda lejos de lo que los camioneros han pagado por las licencias para operar. Y la tarjeta de transporte se está vendiendo por cantidades entre 40.000 y 50.000 euros.
Tanto Sintrabi como Egas rechazaron en abril con rotundidad la oferta. El comisionado aseguró, pese a ello, que la negociación seguía abierta y sujeta a cambios. En estos tres meses no ha habido ni una sola nueva reunión, según confirman portavoces de los dos sindicatos. "No se ha movido porque ha tenido el rechazo de todos, incluso de los consignatarios", que apoyan el plan de las instituciones, dice Egas. "No ha habido ningún contacto", corrobora Amaia Martínez, secretaria técnica de Sintrabi. "El Gobierno no tiene interés en articular una solución a los problemas del transporte", se queja.
Las fuentes consultadas creen que el comisionado se precipitó al lanzar su propuesta del pago sin tener garantizado un respaldo y recalcaron que para intentar resolver el conflicto se precisa "mucha cocina previa".
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