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Tribuna:

Valencianos y catalanes

La Comunidad Valenciana y Cataluña juntas son una realidad a tener en cuenta en España. Con doce millones de habitantes, lo que representa más de la tercera parte de la población española, somos dos nacionalidades históricas que recuperamos nuestras instituciones de autogobierno con la Constitución de 1978. Ambas comunidades poseen una historia y una cultura propias, y tienen intereses estratégicos comunes que defender desde nuestra posición compartida en el Corredor Mediterráneo español. Y, si bien el desencuentro entre catalanes y valencianos se ha dado en la historia reciente, en la actualidad son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan.

Catalanes y valencianos nos encontramos entre los que más contribuimos a las arcas -solidarias- del Estado. La publicación reciente de las balanzas fiscales por parte del Ministerio de Economía y Hacienda revela fríamente que ambas comunidades presentan un alarmante saldo acreedor con el Estado. Es decir, que es mayor el importe de los impuestos pagados que la financiación de los servicios públicos recibidos. Concretamente, para la Comunidad Valenciana, la diferencia es del -6,4% y para Cataluña, del -8,7%. Un saldo preocupante para la sostenibilidad del sistema de solidaridad interregional español, si no se alcanza un pacto de reequilibrio para poder continuar progresando como se ha hecho durante los últimos años. Sin embargo, el fenómeno de la inmigración y el atractivo de crecimiento económico de la última década ha dejado a un millón de valencianos sin financiación por parte del Estado.

Hoy somos cinco millones de valencianos, no cuatro como contabiliza La Moncloa. Estas cifras traducidas en términos económicos suponen alrededor de 1.000 millones de euros más con los que contaría la Comunidad Valenciana en caso de aplicarse el reconocimiento de la población actual en el sistema de financiación autonómica; algo semejante a lo que ocurriría en Cataluña. Una reivindicación común de los gobiernos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, con independencia del color político, al Gobierno central que, en justicia, tiene que corregir. Una estrategia común de ambos gobiernos para un interés común: financiar las autonomías en función de la población, corrigiendo un déficit que afecta a la financiación de los servicios sociales básicos, competencias exclusivas nuestras, pero que benefician a toda la población española.

Si el Gobierno socialista no reconoce que somos más de 46 millones de españoles, estará recortando, de golpe, un 10% del gasto de las políticas sociales en toda España y, en el caso de la Comunitat y de Cataluña -donde el incremento demográfico es muy superior al de la media nacional- este recorte supone contar con un 20% menos de financiación para servicios básicos tales como la sanidad, la educación, la cultura, los servicios sociales o la acogida e integración de inmigrantes. Gastos que deben ser financiados mediante endeudamiento público. En definitiva, la realidad es que aportando más, siendo muchos más y con más necesidades, los valencianos recibimos menos recursos del Estado para financiar los servicios necesarios para toda la población.

Toda una paradoja que en términos políticos recibiría el nombre de discriminación o penalización. Aunque por motivos bien diferentes: en el caso de la Comunidad Valenciana, por tener un gobierno del Partido Popular, en el caso de Cataluña por razones de orden orgánico interno del PSOE.

Los datos son concluyentes: en el Corredor Mediterráneo Español vive el 47% de la población española y se genera el 57% del PIB estatal. Es decir, en esta fachada marítima peninsular vive una población con un nivel alto de productividad, que, por ello, necesita de las mejores prestaciones -alta velocidad ferroviaria, ancho de vía internacional, capacidad de transporte de mercancías y pasajeros-. Sin ellas, las comunidades del Corredor Mediterráneo no podrán seguir creciendo al ritmo deseado. No podrán transportar más de 60 millones de toneladas y 15 millones de turistas al año, hacia y desde el resto de la Unión Europea. Estas reivindicaciones -peajes, infraestructuras ferroviarias y otras soluciones- las hicieron suyas conjunta y recientemente en Valencia las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Para evitar que nuestros productos soporten unos pagos añadidos y nos distancien del resto del país.

Es necesario un Gobierno en España que reconsidere la realidad española sin complejos. Y el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene demasiados. Los ha tenido al negar una crisis que es más profunda en España que en el resto de los países y los tiene ahora al negar un modelo de financiación que nos permita a las regiones del Corredor Mediterráneo continuar avanzando: no para separarnos económica y socialmente del resto del país, sino todo lo contrario, para que el equilibrio y la solidaridad de todos los ciudadanos se alcance en el nivel más alto, no en el más bajo.

Catalanes y valencianos necesitamos una España mejor gobernada, una España que funcione mejor. Nuestro sistema de solidaridad interregional descansa sobre la participación de los españoles que más podemos aportar, para que de cara al futuro podamos continuar aportando. Ahora bien, para que el sistema pueda seguir siendo sostenible, la redistribución fiscal no debe impedir el crecimiento económico ni deteriorar los servicios sociales prestados a los ciudadanos españoles en ambos territorios. Es el momento de pasar una página de la historia porque bien cierto es que entre catalanes y valencianos hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Intereses comunes que defender para lograr que España funcione mejor.

Es necesario que el Gobierno de España gobierne con criterios de solidaridad para el conjunto de sus habitantes. Un gobierno, en definitiva, que permita a las locomotoras continuar avanzando para que no se pare el tren.

Rafael Blasco Castany es consejero de Inmigración y Ciudadanía. blasco_rafcas@gva.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de agosto de 2008