Educación se empeña en Ciudadanía en inglés pese al varapalo judicial

El consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, intentó ayer minimizar los daños sufridos por su versión de Educación para la Ciudadanía a pesar de que las suspensiones ordenadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) han perforado su línea de flotación.

El consejero dice que se podrá hacer cualquier falta de ortografía en inglés

Font de Mora dio por perdida la llamada opción b (redacción de trabajos en vez de asistencia a clase) al reconocer indirectamente que no recurrirá las resoluciones judiciales ("podemos organizarnos perfectamente sin ella", "los técnicos lo decidirán", dijo). Pero insistió, en cambio, en que la asignatura se impartirá en inglés, con una amenaza nada velada hacia los institutos ("la orden está en vigor" en aquello que no ha sido suprimido cautelarmente, y su inobservancia podría acarrear consecuencias "muy desagradables", declaró).

El consejero justificó su empeño en el idioma en que gracias a él los alumnos estarán "más preparados para progresar". Dado que el TSJ ha prohibido que los profesores evalúen el grado de conocimiento de inglés de los estudiantes, sin embargo, Font de Mora tuvo que reconocer que podrán redactar los exámenes (en caso de que quieran hacerlos en inglés) con todo tipo de faltas de ortografía, y que al estudiante sólo se le podrá aconsejar que mejore. En otras materias, como Historia, afirmó, se aprueban exámenes con faltas en castellano o valenciano.

A la vista de las manifestaciones realizadas ayer por la comunidad educativa, la idea de la Generalitat corre el peligro de darse de lleno con la realidad. Los sindicatos Comisiones Obreras, STEPV y UGT, y las federaciones de padres Gonzalo Anaya y FAPA reclamaron al Consell que la asignatura se impartiese en una de las dos lenguas cooficiales.

CC OO (responsable junto al Gobierno del recurso que ha provocado la suspensión cautelar de los puntos fundamentales de la orden) exigió a Educación que respetase la forma legal que la misma consejería estableció para dar asignaturas en inglés: "Ser solicitado por los centros, con el visto bueno del consejo escolar, y la aceptación explícita de los padres".

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, recomendó a Font de Mora "tomar nota de lo que dicen los tribunales" y "prestar más caso a los que decían que esto era un disparate". Adolf Sanmartín, portavoz socialista en las Cortes, criticó el absurdo de que la materia se quiera dar "en inglés y se evalúe en castellano o en valenciano". La coordinadora general de EU, Glòria Marcos, finalmente, pidió la dimisión del consejero.

La suspensión de la opción b por el TSJ, dijo Font de Mora, ha puesto "un problema social sobre la mesa": el de los objetores de conciencia, que su departamento había tratado de encauzar por ese camino. La secretaria autonómica de Educación, Concha Gómez, señaló que 3.615 alumnos (de los cerca de 50.000 que deberán cursar la asignatura el año que viene) ya han manifestado que objetarán. Gómez recordó que suspenderán, lo que les impediría obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).