"Si se mantiene la suspensión se falsearán los resultados electorales"

El gabinete Ibarretxe está inmerso en la respuesta jurídica al recurso planteado por Rodríguez Zapatero para frenar la consulta. Los pasos institucionales y sociales, que siguen negociándose en el seno del tripartito y que no se harán públicos seguramente hasta septiembre, tendrán que esperar. Aunque desde el Ejecutivo Ibarretxe se siguen subiendo peldaños en la crítica política contra la iniciativa del Gobierno central de impugnar la ley de Consulta. Y sin abandonar el discurso de trazo grueso inaugurado a mediados de mes.

Zenarruzabetia habla de "atentado" a la participación política de los vascos

Si el pasado 15 de julio, Ibarretxe, rodeado de todos sus consejeros, hablaba abiertamente de "suspensión de facto del autogobierno vasco", ayer incluso se cuestionó la actitud "prepotente y arbitraria" de Zapatero, "impropia de un gobernante que se tenga por un auténtico demócrata". En la valoración preparatoria de las alegaciones, que los abogados del Ejecutivo autonómico deben presentar antes del próximo 8 de agosto, realizada ayer en el seno del consejo de Gobierno, se llegó a calificar de "atentado" contra el derecho de los vascos a "participar en los asuntos públicos de su interés" la suspensión de la consulta.

Por contra, el Gobierno y los socialistas vascos mantienen su lenguaje mesurado y su hoja de ruta de perfil medio-bajo: "normalidad democrática" con el recurso presentado en el Tribunal Constitucional ante lo que desde el Ejecutivo central se considera un "referéndum ilegal" y una apuesta abiertamente soberanista. En la rueda posterior a la reunión habitual de los martes, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, censuró el "uso fraudulento" que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero de la "prerrogativa" legal de solicitar la suspensión de la ley de Consulta ante el tribunal que interpreta la Carta Magna. Y subrayó que mantener la suspensión daría "por bueno el falseamiento de los resultados electorales en Euskadi, el falseamiento de la voluntad expresada en las urnas por las ciudadanía vasca" en los comicios celebrados en abril de 2005.

El argumento sería que esa suspensión deja al Gobierno y parlamento vascos "democráticamente elegidos" sin un "instrumento capital de su acción política", como es la de plantear debates políticos ante sus ciudadanos, en este caso con la consulta.

De hecho, dio un paso más al apuntar que ni siquiera el tribunal intérprete del texto constitucional pude "llegar a interferir ni a inmiscuirse en le debate promovido por el lehendakari con su consulta: si los vascos apoyan o no un proceso de final dialogado con ETA si deja las armas (primera pregunta de la consulta) y si avalan abrir una negociación entre todos los partidos para encauzar el conflicto político desde la base del derecho a decidir (segunda pregunta).

Por todo ello, el Gobierno vasco planteará en sus alegaciones al recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Ejecutivo español contra la ley de Consulta, que se levante la suspensión que pesa sobre la ley que da cobertura a las intenciones del lehendakari de consultar a los vascos.

En las alegaciones, los abogados del gabinete vasco incluirán también, en contraposición con lo que sostiene la Abogacía del Estado en su recurso, que la consulta no es un referéndum sancionador de los regulados en el artículo 92 de la Constitución y que por ese motivo no necesita de autorización por parte del Estado. Y también que no pretenden con "esta ley y en este momento inventarse un sujeto constituyente". Por lo que, a juicio de la parte vasca, no se está produciendo ningún "atentado a la soberanía nacional" ni a la "unidad del Estado español".