Aborto desfasado

El PSOE sorprendió en su reciente congreso federal apostando por una ley de plazos sobre el aborto que había dado de lado, con criterios claramente electoralistas, en su programa electoral. Esa propuesta, sin embargo, figuraba en el programa de los comicios de 2004 y desde antiguo había sido una de las barajadas para superar los problemas de inseguridad jurídica que crea a mujeres y profesionales sanitarios la vigente ley de 1985.

A los 23 años de su entrada en vigor, la ley que despenalizó el aborto sólo en tres supuestos -violación, malformación del feto y riesgo para la vida o salud física o psíquica de la madre- ha quedado reducida a parche legal desfasado de la realidad social, lo cual no quita para que, en su momento, fuera una conquista legal y social de primer orden. Rompió una barrera ideológica cuyos cimientos se asentaban en un amplio sector social influenciado por la Iglesia católica y acabó con el aborto clandestino que, además de poner en grave riesgo la vida de la mujer, convertía a ésta en una delincuente, sometiéndola en no pocas ocasiones a procesos judiciales de corte inquisitorial.

Una ley de plazos, que despenalice el aborto durante las 12 o 14 primeras semanas de gestación, no tiene por qué chocar con la Constitución. El pronunciamiento hecho por el Tribunal Constitucional sobre la ley de 1985 queda lejos y la doctrina establecida entonces, condicionada a los tres supuestos de despenalización previstos en la ley, no prefigura necesariamente su posicionamiento actual sobre una posible ley de plazos. Serán los expertos los que indiquen la manera de articular una legislación sobre el aborto que, con distintos matices, rige en la mayoría de los países europeos. Y que es la única capaz de acabar con la inseguridad derivada de la actual ley, pues apartaría a la mujer que decide dar el paso traumático de abortar y a los profesionales que la ayudan del punto de mira de los llamados grupos provida y de quienes les apoyan desde la judicatura y las administraciones.

Buscar el máximo acuerdo en un tema tan sensible es obligado. Pero es conocido que hay fuerzas políticas que se oponen y grupos sociales y religiosos que se muestran beligerantes. La cuestión es si las mujeres españolas pueden seguir sometidas a una ley que aun permitiéndoles abortar lo hace con unas tutelas y con un coste cada vez menos asumibles.