Focos sobre Guantánamo

El Gobierno de Estados Unidos podía haber aprovechado la reciente sentencia del Tribunal Supremo -por la que los sospechosos de terrorismo islamista recluidos en Guantánamo pueden reclamar su libertad ante un juez federal- para detener los juicios militares en marcha contra la veintena de presos acusados formalmente por la Administración de Bush. En su lugar, el Pentágono ha iniciado esta semana el primer proceso por crímenes de guerra desde la II Guerra Mundial contra uno de los chóferes de Osama Bin Laden, al que acusa de conspiración y posesión de material terrorista. Si es declarado culpable por un jurado castrense de 13 miembros, oficiales trasladados a la base naval desde otras instalaciones militares estadounidenses, puede pasar el resto de su vida en prisión.

El juicio contra Salim Hamdan, junto con los demás que se preparan, insiste así y amplía la farsa de la infamante prisión estadounidense en suelo cubano, por la que han pasado casi 800 presos, de los que la mayoría han sido devueltos a sus países sin acusación alguna. El campo-prisión que se instaló en Guantánamo con la esperanza de que a ese territorio alquilado no llegaría el brazo de la justicia federal de EE UU, se ha convertido desde su apertura, en 2002, en un símbolo planetario de abuso legal y maltrato, del que incluso el presidente Bush quisiera desembarazarse ahora (tanto Obama como McCain prometen hacerlo) si ello no le hiciera perder la cara.

Pese a todo, sigue su curso la siniestra maquinaria aparentemente legal allí puesta en marcha. Entre otros motivos, porque incluso la histórica decisión del Supremo del mes pasado sobre los derechos de los prisioneros -cerca de 300- a reclamar ante un tribunal civil, ha dejado en el aire extremos decisivos para asegurar su cabal protección: desde la misma legalidad de las comisiones militares que los juzgan, hasta la calidad de las pruebas requeridas o la validez de la evidencia obtenida por sus captores bajo presión, un eufemismo que en muchos casos oculta simplemente la práctica de torturas.

Esta tierra de nadie legal en la que, pese a todo, siguen habitando los reclusos de Guantánamo es la que ha permitido al nuevo fiscal general de EE UU, Michael Mukasey, solicitar esta semana, a un Congreso que cierra por vacaciones, la legislación urgente que permita la continuación de los juicios iniciados en la base militar libres de las interferencias de los tribunales ordinarios. Washington, por boca de Mukasey, pretende también que los enjuiciados por crímenes de guerra sólo puedan solicitar hábeas corpus ante un juez federal después de la conclusión de su proceso por las comisiones militares. Y que lo hagan por videoconferencia, sin tocar suelo estadounidense, por su "extraordinaria peligrosidad", según sus propias palabras. Un suelo que tampoco deberán pisar si finalmente son puestos en libertad. Como se ve, todo un programa para enaltecer la causa de la justicia.