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La nueva Constitución de Ecuador refuerza los poderes de Correa

El presidente asumirá las competencias del Banco Central

La Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó ayer una nueva Ley Fundamental que refuerza los poderes del presidente, especialmente en materia económica. El texto deja en sus manos la formulación de la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, que antes manejaba el Banco Central de Ecuador. También le confiere la facultad de promulgar decretos leyes de emergencia y de disolver al Parlamento si "obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo".

El texto convierte al Estado en el principal agente de inversión y desarrollo

La nueva Constitución, que consta de 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, será sometida a referéndum el próximo 28 de septiembre. El texto fue aprobado con el voto de 94 asambleístas. De los 130 escaños de la Asamblea, 80 están ocupados por la alianza oficialista Acuerdo País. Con la nueva Carta Magna, su gran apuesta política, el presidente Rafael Correa pretende enterrar el "modelo neoliberal". De hecho, el proyecto de Constitución otorga al Estado un mayor control de sectores estratégicos como el energético, las minas, las telecomunicaciones y el agua.

Además, el texto abre la vía a la reelección consecutiva del presidente por un mandato y propone la creación de dos nuevos poderes del Estado: el Electoral y el Ciudadano. Con excepción del Ejecutivo y el Legislativo, los representantes de todos los demás poderes serán nombrados por la Asamblea Constituyente, una vez que se apruebe la Constitución, lo cual reforzaría aún más el control institucional de Acuerdo País en este periodo de Gobierno.

La Asamblea se instaló el 29 de noviembre de 2007 y tenía un plazo de 180 días, prorrogable por otros 60, para la redacción de la nueva Constitución. De ahí el apuro de los legisladores, que durante esta semana asistieron a largas sesiones de discusión para aprobar bloques de hasta 140 artículos por día, en medio de tensiones internas en la bancada de Acuerdo País y de la reelaboración de textos que ya habían sido aprobados. "Esto ya no es una Asamblea Constituyente, ha sido una maratón constitucional", dijo la asambleísta independiente Mae Montaño, y criticó el carácter "presidencialista" de la Constitución y el atropello a las minorías por parte de Acuerdo País. Sin embargo, Montaño votará a favor de la Constitución: no hacerlo, en su opinión, sería resucitar a la "partidocracia" y echar por tierra los avances positivos del texto en materia de derechos sociales.

En esa lógica electoral, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, dice que las últimas encuestas le dan un 47% a la opción del y que, con un poco de campaña, no será difícil alcanzar el 50% más uno de los votos que exige su aprobación.

Entre las modificaciones que se hicieron en la medianoche del jueves está el reconocimiento como idiomas oficiales de las lenguas kichwa (quechua) y shuar: una línea de texto más que, de paso, recompuso la malograda relación entre la mayoría oficial y las fuerzas indígenas.

Franklin Ramírez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, cree que esta Constitución concentra tanto poder en el Ejecutivo como las anteriores, pero confía en que ese rasgo pueda matizarse con otras herramientas que se incorporan al texto: la revocatoria del mandato del presidente, la facultad del Legislativo para enjuiciar a ministros y la "muerte cruzada", que faculta al Legislativo para destituir al Ejecutivo, y viceversa, con el subsiguiente llamado a elecciones generales. El problema, para Ramírez, es si Ecuador está en capacidad de sostener el modelo "neo desarrollista" que plantea la Constitución, donde el Estado se convierte en el principal agente de la inversión y el desarrollo.

Líneas maestras

- Reelección inmediata.

El Presidente de la República podrá ser reelegido por un mandato consecutivo. El período presidencial sigue siendo de cuatro años.

- Banco Central sin autonomía. Las políticas monetaria, cambiaria, crediticia y financiera

son facultad del Ejecutivo.

- Decretos leyes. El presidente podrá promulgar decretos urgentes en materia económica si el Legislativo se retrasa en adoptar medidas.

- Control estatal. El Estado tendrá un mayor control de sectores estratégicos como la energía, el agua, las minas y las telecomunicaciones.

- 'Muerte cruzada'. El presidente podrá disolver el Parlamento en los tres primeros años de legislatura. El Legislativo podrá enjuiciar al presidente previo acuerdo de la Corte Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de julio de 2008

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