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COLUMNA

Cuando vuelan los adoquines

A los símbolos les pasa lo que a los adoquines, decía Víctor Hugo. Uno camina sobre ellos felizmente hasta que te caen sobre la cabeza. La posición de la Generalitat de Cataluña respecto a la nueva financiación autonómica se ajusta bastante bien, por ahora, a esta irónica visión. Más que preocuparse por los números (¿cuánto dinero de más supone realmente la nueva y mayor cesión de impuestos estatales que propone el ministro de Hacienda?), da la impresión de que la Generalitat de José Montilla está obsesionada por los símbolos. Y por encima de todos, por la exigencia de bilateralidad, como lo estuvo la de Maragall.

El ansia de que entre Cataluña y el Estado existan relaciones peculiares, distintas y privativas es una exigencia antigua de los nacionalismos, asumida ahora por los socialistas catalanes, casi como la mayor de sus ambiciones. Aparentemente no se trata sólo de reclamar lo que se considera justo y lo que se necesita para el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos, sino de establecer una nítida diferencia, una asimetría sistemática en sus relaciones con el Estado central, respecto a las otras comunidades.

Hay unas autonomías que quieren diferenciarse y otras, la gran mayoría, que quieren ser iguales

El problema es que cualquiera que analice la historia de las comunidades autónomas en España sabe que se trata, y que se ha tratado desde el principio, de una lucha entre unas pocas que quieren diferenciarse a toda costa y otras, la mayoría, que quieren ser iguales, con idéntico empeño. La lucha es permanente y sin solución posible, pero, afortunadamente, no está escrito en ninguna parte que las cosas sin solución tengan necesariamente que ser, además, dramáticas.

La novedad en el caso español es que en esta ocasión la exigencia de bilateralidad se remite al Estatuto catalán y a su eventual incumplimiento por parte del Estado. Es cierto que el artículo 201.3 del nuevo Estatuto dice que el desarrollo de lo relacionado con la Hacienda de la Generalitat "corresponde a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat". Pero también que el punto primero de ese mismo artículo dice que "las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la Generalitat se regulan por la Constitución, el presente Estatuto y la Ley Orgánica prevista en el artículo 157 de la Constitución", es decir, por la ley que establece un órgano multilateral de negociación.

Nadie dirá ahora que no tenían razón quienes advirtieron en su día de que el texto del Estatut contenía demasiadas contradicciones y de que iba a dar origen a multitud de disputas. Esto no ha hecho más que empezar y es muy probable que las discordancias se mantengan durante bastantes años, hasta que exista suficiente jurisprudencia interpretativa del Tribunal Constitucional. (¿Momento en el que, quizás, se empiece a pensar en un nuevo Estatuto?).

La cuestión ahora es que, como decían los juristas romanos, no se pueden hacer las cosas imposibles. El sistema de financiación de las comunidades autónomas en España es multilateral. Una cosa es que el Gobierno hable, negocie y discuta con la Generalitat (y con los Gobiernos autónomos de los demás territorios) de forma bilateral, como siempre se ha hecho, y otra que lo que se hable con la Generalitat catalana no tenga que formar parte del acuerdo multilateral previsto en la Constitución.

Sobre eso no parece que realmente existan muchas dudas ni interpretaciones, así que lo más probable es que finalmente impere la sensatez, por mucho que ahora todo el mundo parezca tirar de la cuerda sin límite. (¿Nadie le advirtió a Montilla de que su comentada frase "te queremos, José Luis, pero más queremos a Cataluña y a los catalanes" es muy parecida a la que pronuncia Bruto para explicar por qué se alza contra César?: "No porque amara menos a César, sino porque amaba más a Roma y a los romanos" [Shakespeare).

Montilla tiene que presentarse ante su electorado en menos de dos años y su única y principal victoria tiene que ser una mejora sustancial en el sistema de financiación de Cataluña, y eso es aceptado y comprendido en el Gobierno de Madrid. "Es razonable y posible, siempre y cuando el PSC no quite los adoquines del suelo", advierten en el PSOE andaluz.

Quitar los adoquines es amenazar con no apoyar los Presupuestos de 2009 o decir que se está mucho más cerca del consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, del PP, que del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. Los socialistas andaluces, que tan importantes han sido a la hora de limar asperezas y desconfianzas respecto al Estatuto catalán, empiezan a mostrar inquietud y enfado. Montilla puede recordar que los diputados del PSC obedecen a su propia dirección, afirman. Pero el PSC sabe perfectamente que sin estar asociado al PSOE, sin el respaldo de los socialistas andaluces, no obtendría ni la mitad de votos que obtiene en Cataluña. Cuando empiezan a volar, los adoquines caen sobre todas las cabezas. solg@elpais.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de julio de 2008