Principios recuperados

La recuperación de los principios de la lucha contra ETA -unidad democrática, apoyo a las víctimas, confianza en el Estado de derecho, declaración solemne de que la paz no tiene precio político-, planteados por vez primera en los pactos de Madrid y de Ajuria Enea, en 1988, es la clave del pacto en política antiterrorista que ayer suscribieron el presidente del Gobierno y el líder del PP.

Dicho acuerdo, que no se materializará por escrito, y que ha sido negociado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y por Federico Trillo, del PP, supera el Pacto Antiterrorista, de 2000, y la resolución parlamentaria de mayo de 2005. Ambos pactos respondieron a otros momentos políticos. El primero se suscribió entre el PP y PSOE en plena ofensiva de ETA, tras el fin de la tregua de 1999, y condenaba al PNV por estar comprometido con el Pacto de Lizarra. El segundo fue la cobertura del diálogo que el Gobierno abrió con ETA en marzo de 2006.

Rubalcaba y Trillo ultimaron los cinco acuerdos

Ambas situaciones no se corresponden con la dinámica actual de la lucha contra ETA. No hay perspectiva de diálogo con la banda y el Gobierno cuenta con el PNV como aliado en la lucha contra ETA, pese a las discrepancias con el plan Ibarretxe.

El acuerdo se extiende a nuevas reformas legales contra los terroristas. La primera pretende incluir en la Ley de Solidaridad de las Víctimas del Terrorismo una disposición que comprometerá a las Administraciones públicas a retirar escudos, insignias, placas y otros objetivos o menciones conmemorativas como nombres de calles, plazas, avenidas, parques y cualquier tipo de monumento, de exaltación, personal o colectiva, del terrorismo o de terroristas. El abogado del Estado lo ha solicitado por la vía contencioso administrativa.

También propondrá una reforma en la legislación penal para asegurar los derechos de las víctimas frente a los terroristas que salgan de prisión (alejamiento, seguimiento...). Y garantías de preservación del patrimonio, presente y futuro de los terroristas para satisfacer su responsabilidad civil.