'Zetanomics'

¿Se puede liderar la crisis sólo con optimismo, buenas palabras y eufemismos paliativos, de acuerdo al idealismo lingüístico propuesto por Lakoff (el autor que prohíbe pensar en elefantes), como parece creer el presidente Zapatero (que también prohíbe pensar en crisis)? ¿O hace falta diseñar una estrategia efectiva de intervención en la realidad para corregir su crítica deriva actual? Hasta ahora no sabemos muy bien cuál es el análisis del presidente del Gobierno, ni cuál por tanto la receta que propone para buscar una salida de la crisis. Lo único que sabemos, porque lo dijo tanto en el Congreso de los Diputados como en el congreso del PSOE, es que se propone activar una economía de izquierdas, frente a la economía de derechas que supuestamente aplicaría el PP.

¿Qué clase de política de izquierdas es ésta que gasta los bienes públicos en beneficio privado?

Pero ¿cuál es esa economía de izquierdas que plantea o tiene Zapatero en mente? Al keynesianismo reaccionario que practicó el presidente Reagan para evadirse de la estanflación de los 70, se lo denominó Reaganomics (o "economía de Reagan"). ¿Existe una Zetanomics alternativa: un modelo económico original, propuesto por el presidente Zapatero para evadirse del estallido de la burbuja inmobiliaria? Y de existir tal zetanomics, ¿podría ser algo distinto del keynesianismo progresista que desde luego no ha practicado hasta la fecha? Ahora afirma que a pesar de la crisis seguirá reforzando los derechos sociales de los ciudadanos. ¿Significa esto que piensa volver a incurrir en déficits presupuestarios subvencionando la demanda agregada? Parece claro que el vicepresidente Solbes y el Banco de España no lo permitirán. Pero aquí es donde interviene el ministro Sebastián, que aspira a la vicepresidencia económica por el atajo más corto, proponiendo como forma de rescate la compra pública de suelo privado sin distinguir entre ejecutores y víctimas de la especulación inmobiliaria. ¿En esto consiste la zetanomics: en gastar bienes públicos en beneficio privado, como se hizo con el soborno de los 400 euros? ¿Qué clase de economía de izquierdas es ésa?

Todo lo cual parecería una broma de mal gusto si no fuera porque estamos ante una crisis cuyo inmediato agravamiento tras el verano empezará a elevar el déficit público desde el próximo otoño, momento en que han de negociarse los Presupuestos del año que viene. Y da la casualidad que quien tiene la llave de su aprobación es la minoría catalana (CiU), cuyo portavoz viene sugiriendo precisamente una especie de nuevos Pactos de la Moncloa que sirvan para rescatar a los náufragos del hundimiento del Titanic inmobiliario. Algo parecido a lo que también propone el PP, cuando reclama un consenso de Estado ante la crisis económica como precio a pagar por el consenso en materia de terrorismo y de justicia. ¿De nuevo gastos públicos en beneficio privado?

Y por si todo esto fuera poco, este otoño habrá que negociar también la nueva financiación autonómica, cuyo borrador inicial se discutirá mañana en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una financiación autonómica que también se ha estrangulado por efecto de la crisis, al verse gravemente dañada por la brutal caída de los ingresos tributarios que obtenían ayuntamientos y comunidades tras gravar las plusvalías procedentes de la especulación inmobiliaria. Pero una vez desplomado el mercado de la vivienda, las haciendas territoriales se han quedado al descubierto sin el maná local que las financiaba, a la espera de renegociar un nuevo reparto de la financiación estatal.

Todo lo cual se refleja muy bien en las balanzas fiscales que acaba de publicar Hacienda, con su contraste entre comunidades receptoras y contribuyentes netas. Es verdad que los impuestos no los pagan los territorios sino las personas físicas y jurídicas, como titulares de beneficios privados. Pero por su misma definición, los bienes públicos que suministran las autonomías (salud, educación, servicios sociales) nunca pueden ser individuales sino colectivos y territoriales. De ahí que todas las comunidades deban contribuir según sus capacidades y recibir según sus necesidades, nivelando solidariamente sus flujos entre ellas.

Y aquí es donde aparece la gran injusticia fiscal, pues los mayores niveles de renta personal disponible no se dan en la autonomías contribuyentes netas (Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia) sino en las comunidades forales (Navarra y País Vasco). Las mismas que sin embargo, según revelan las balanzas fiscales, se hurtan al esfuerzo nivelador al situarse fuera del régimen común. Y como no contribuyen a la caja común, se desentienden del resto insolidariamente. De ahí el amago de secesión soberanista que pretende refrendar el lehendakari Ibarretxe con su pantomima de autodeterminación, destinada a distraer la atención con mucho ruido mediático (el raca-raca de Peridis) para tapar la nula contribución de los vasco-navarros (los ciudadanos más ricos y con más derechos sociales de España) a la cohesión social de todos.