Compartir oportunidades es la solución

El flujo migratorio es el punto crítico en el actual debate migratorio. La continuidad del flujo no es cuestionable desde la racionalidad económica y social, y ante él sólo podemos ordenarlo socialmente o dejarlo en el caos de la espontaneidad y la irregularidad. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales Jesús Caldera y la secretaria de Estado de Emigración e Inmigración Consuelo Rumí, responsables directos de la política de inmigración en la anterior legislatura, pagaron los platos rotos del verbalismo del Partido Popular, con el retórico blindaje de fronteras y su "no pasarán". Pero afirmo que pasaron durante el segundo Gobierno del PP, porque entraron y vivieron aquí pese al supuesto blindaje de fronteras; eso sí, entraron como irregulares en los barrios más humildes, también en la sanidad y en la educación pública, y fundamentalmente en la economía sumergida.

"Seamos corresponsables de nuestro futuro colectivo con el de los inmigrantes"

La regularización del PSOE fue un acto de realismo, de coraje político, y centró de una vez el debate político en la inmigración laboral, en su regularidad y, sobre todo, en la dignidad de las personas. Una vez dentro de España, sólo se puede repatriar a quienes han entrado de forma irregular si hay acuerdos de repatriación. Si no, sólo quedan dos opciones: mantenerlos desde el presupuesto público, con vivienda digna, manutención y sanidad hasta que se puedan repatriar, hasta que sus gobiernos quieran admitirlos, o en su caso ofrecerles los derechos laborales y de residencia hasta que se resuelva su situación administrativa. Fue más positivo actuar con arreglo a la segunda opción y así se corresponsabiliza a los inmigrantes en derechos y obligaciones.

Hoy sabemos y podemos decir que el flujo irregular disminuirá radicalmente con casi toda seguridad cuando haya un flujo regular, y por este motivo es necesario concretar el mecanismo efectivo. El verdadero debate hoy, y lo que genera conflicto en la sociedad civil, es la falta de orden, de regularidad, en el flujo migratorio. El desorden que percibe la ciudadanía supone de hecho la amenaza de los derechos sociales conseguidos.

No hay soluciones mágicas, fáciles ni rápidas a la actual realidad migratoria. El uso de mecanismos preferentemente sancionadores y represivos, como pretende el Gobierno italiano, sólo será un espejismo momentáneo. El Gobierno español sabe que cuando se relaciona con un país de origen de la emigración hacia nuestro país lo hace con su cultura, diferente, y con su Gobierno soberano. Tiene con ese país una relación económica, con sus flujos comerciales (como aportación de materias primas o como consumidores de nuestra producción). Ahí, en lo comercial, el planteamiento político hoy es que se avance más en la desregulación y eliminación de las fronteras.

¿Cómo puede entendernos un país de origen de la migración a España que ve como aprovechamos sus fuentes de materias primas, que invadimos pacíficamente sus mercados con nuestros productos y que, por el contrario, en el terreno de la población y el mercado de trabajo seguimos anclados en las viejas y rígidas fronteras del ordenamiento antiguo, el proteccionismo? Es una contradicción insostenible en el tiempo, por poco realista.

No estoy propugnando la libre circulación de personas dentro del actual modelo de la globalización, por ser un hecho injusto e insolidario. Hecho que sería insostenible tanto para los países desarrollados como a la vez injusto para el futuro desarrollo de los países no desarrollados. Creo seriamente que hoy en el mercado de trabajo español hay oportunidades para trabajadores extranjeros, aunque en el corto plazo serán matizadas por la negativa coyuntura económica, y que en los países en desarrollo hay una oportunidad y una necesidad de desarrollo: es lo que permite ver una perspectiva real para acuerdos equitativos, para compartir oportunidades entre los países de origen y de destino de la emigración.

Como dice el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, el contrato de trabajo debe seguir siendo el pasaporte para la integración en España, y estoy convencido de que se establecerán los dispositivos o plataformas públicas que garanticen la dignidad y la plena legalidad de estos contratos. A un trabajo temporal corresponderá un permiso y un contrato temporal (con billete de ida y vuelta, alojamiento y condiciones dignas de acogida), y los empresarios aportarán con su responsabilidad social corporativa parte del impacto social que supone el satisfacer sus necesidades laborales en el exterior.

Finalmente, los países y las comunidades de origen recibirán las remesas de los trabajadores inmigrantes, pero sólo serán aportaciones eficientes a su desarrollo si existen acuerdos complementarios de cooperación, inversión en infraestructuras, en asistencia técnica pública y finalmente con microcréditos privados. Sólo con estas aportaciones se convertirá el flujo migratorio en un auténtico desarrollo compartido (codesarrollo).

No apoyemos interesada o inconscientemente un cambio demográfico de los países en desarrollo en nombre de la integración asimiladora en los países de destino; otra cosa es posibilitar la incorporación voluntaria de los inmigrantes, en condiciones dignas y humanitarias, en el país de destino. El buenismo social en algún momento y no siempre, creo que de forma inconsciente, ofrece cobertura involuntaria a la voracidad especuladora de un planteamiento meramente economicista de la inmigración. Seamos corresponsables de nuestro futuro colectivo con el de los inmigrantes, de forma integrada aquí y allá, y así todos compartiremos oportunidades y ganaremos en un desarrollo propio justo y equilibrado de nuestro entorno.

Francesc Castellana Aregall es presidente de la Fundación Utopía Joan Garcia-Nieto.