La hija del presidente del Senado continúa imputada

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, acaparó gran parte de la atención mediática en la segunda ronda de declaraciones judiciales por el caso contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). La coordinadora de Urbanismo interrumpió sus vacaciones para declarar ante la juez Isabel Conejo imputada de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Sobre las 9.15 llegó a los juzgados acompañada de su abogado y salió unas tres horas después.

En ningún momento quiso hacer declaraciones. La instructora del caso formalizó su imputación en la investigación, aunque no estimó necesario acordar ninguna medida cautelar.

Rojo fue contratada en la anterior legislatura por el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, en prisión preventiva, y trabajó como gerente de Urbanismo.

La juez también tomó ayer declaración como imputados a Francisco González Mena, miembro del gabinete de alcaldía, y Juan Manuel Ramos, director de área de infraestructuras, para los que la fiscalía solicitó la adopción de medidas cautelares. La decisión judicial no se sabrá hasta el próximo lunes, fecha en la que está previsto que terminen de declarar las 15 personas que han sido citadas en esta fase de la investigación. Entonces comenzarán a celebrarse una serie de vistillas en las que la juez decidirá si impone fianza u otras medidas para garantizar que no evadirán la justicia, como la retirada del pasaporte o la personación en los juzgados.

González Mena está imputado de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental; y Ramos de prevaricación y cohecho. La fiscalía no solicitó medida alguna contra el trabajador de la empresa municipal de la vivienda Héctor Ruiz, imputado por cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.

Nuevas comparecencias

Las declaraciones continúan hoy con la comparecencia del hasta ayer alcalde accidental Rafael Montesinos, imputado por blanqueo, tráfico de influencias y cohecho; el empresario local Ángel Flórez González, el procurador Juan Francisco Mena Lirios y el trabador municipal Ángel Montero Peña.

El caso de corrupción urbanística se destapó el pasado 17 de junio. La Policía registró el Ayuntamiento y diferentes concejalías y detuvo a 26 personas. El entonces alcalde Antonio Barrientos; su jefe de gabinete, José Flores, y los concejales del Partido Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina permanecen desde entonces en prisión preventiva.