Citando a Mitxelena

Decretos, manifiestos, polémica. Hay demasiada carga ideológica y de intereses en el debate lingüístico como para que éste se desarrolle con la calma y la racionalidad que demanda. La lengua es una bandera tan apetitosa para el alistamiento y la demagogia, que los atizadores de la discordia no van a renunciar a utilizarla para sus fines. Razón de más para no facilitarles la tarea.

Sin embargo, actuaciones recientes del Gobierno vasco no ayudan a situar la discusión en ese cauce pacífico, sino que pueden percibirse como una vuelta de tuerca en una línea impositiva que, a su vez, puede abrir la puerta a otros giros. La trascendencia del decreto aprobado el pasado 1 de julio sobre los derechos lingüísticos exigibles por los consumidores y usuarios no está en los efectos, previsiblemente limitados, de la norma, sino en el salto cualitativo que se da. Los derechos derivados de la consideración del euskera como lengua oficial ya no serán sólo exigibles ante las administraciones públicas, como ha sucedido hasta ahora, sino que se convierten en obligaciones para empresas y establecimientos públicos.

La realidad sociolingüística del euskera, catalán y francés es distinta

La fuerza coactiva de las normas reside en su exigibilidad

Con el desarrollo de la Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de 2003, Euskadi sigue miméticamente los pasos de Cataluña, que se inspiró a su vez en la política aplicada por el nacionalismo quebequés en la provincia francófona de Canadá. Pero el problema de la emulación, que se reproduce en otros aspectos como el de la inmersión en la educación, es que las características del euskera no resultan homologables con las del catalán o el francés, como tampoco son comparables las realidades sociolingüísticas de las tres comunidades. Aplicar las mismas recetas a situaciones diferentes conlleva el riesgo de obtener respuestas distintas, e incluso contrarias, a las ya experimentadas por los modelos que se trasplantan, y en una cuestión tan delicada como esta no parecen aconsejables los experimentos.

Quizá los impulsores del decreto no han sido plenamente conscientes de los posibles efectos de abrir en estos momentos el frente de la visibilidad del euskera en el sector privado, cuando está pendiente la redefinición del modelo lingüístico en la enseñanza y sigue el proceso de euskaldunización en los diferentes sectores de la función pública, cuyo principal esfuerzo está recayendo en quienes tienen como lengua materna una de nuestras dos lenguas oficiales, el castellano. Llama la atención que este desarrollo legislativo se haya producido exactamente dos meses después de que el Consejo Asesor del Euskera abriera una reflexión sobre lo hecho hasta ahora y lo que se debe y no hacer en el futuro en materia de política lingüística. El documento base, conviene recordarlo, partía de un crudo diagnóstico -el gran avance en el conocimiento del euskera no va acompañado de un crecimiento paralelo de su uso social-, para afirmar cosas como éstas. "La realidad no puede cambiarse por decreto". "No toda medida en apariencia impulsora del euskera es de por sí y necesariamente favorable al euskera". "No nos conviene que el discurso se centre únicamente en torno a los derechos y nos empeñemos en poner en euskera todo lo que está en castellano porque tenemos derecho y sólo por eso".

Se podrían expurgar del documento otras sensatas recomendaciones, que raspan cuando se trasladan al decreto sobre las obligaciones lingüísticas de empresas de servicios y establecimientos abiertos al público. El viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, nada sospechoso de sectarismo, asegura que la mayoría de los sectores destinatarios ya cumplen los requisitos establecidos, que se ha contado con ellos y que la "persuasión" va a prevalecer sobre las sanciones. Si fuera así, existiendo la libertad de opción lingüística, y no habiendo posiciones de monopolio (uno no puede elegir a qué ventanilla de la Administración dirigirse, pero nada le impide cambiarse de operadora de telefonía, supermercado o sidrería, si no le atienden en el idioma que prefiere), se justifica todavía menos el decreto.

La fuerza coactiva de las normas no reside en la penalización, sino en su exigibilidad. Establecido el principio impositivo, se franquea la puerta a que otros, quizá menos conciliadores y más impacientes ante el avance de la euskaldunización, suban la exigencia lingüística a las empresas de cinco trabajadores, las tiendas con dos empleados o las tascas que sirvan pintxos a media mañana.

Hace ya muchos años, el insigne lingüista Koldo Mitxelena dijo aquello de que "el euskera es demasiado débil para utilizarlo como arma arrojadiza". Desde entonces a Mitxelena se le cita abundantemente, pero se le hace poco caso.