Un virulento desmentido

Como cada día está más extendida la idea de que es imposible separar la información de la opinión, crece en paralelo la idea de que toda información relevante responde a alguna intención oculta. El periodismo profesional se difumina así a manos de agitadores del todo vale, y las informaciones que incomodan a algún poder -y los hay de muchos tipos- quedan como meras maniobras de intoxicación. Estas tareas de desinformación tienen su éxito en la opinión pública y su eco llega a la mesa del Defensor, repetido por esos lectores a los que les gusta tocar la fibra emocional de los periodistas.

Un caso ejemplar sobre los juicios de intenciones que se realizan sobre una información relevante tuvo lugar esta semana. Con el curso político en la recta final, una noticia publicada el pasado jueves -ETA ordenó una minitregua por el debate de la consulta de Ibarretxe- desencadenó una virulenta nota de protesta de la Presidencia del Gobierno vasco. El diario recogió el viernes la nota oficial de desmentido del Ejecutivo de Vitoria, además de la intervención de la vicepresidenta Idoia Zenarruzabeitia, y mantuvo la información origen de la protesta. A saber: "Un significado miembro de la izquierda abertzale fue quien trasladó a Juan José Ibarretxe que ETA no cometería atentados en los días inmediatamente anteriores y posteriores al 27 de junio, la fecha en que se celebró el debate en el Parlamento vasco sobre la consulta que desea el lehendakari".

Ése era el núcleo de la noticia que en su desarrollo en ningún momento afirmaba, sugería o daba a entender que esa información implicaba connivencia o contraprestación con el presidente del Gobierno vasco. La decisión de ETA "estuvo guiada por sus intereses políticos, y no por sacar del apuro al lehendakari, que arriesgaba su dimisión si perdía la votación", afirmaba la noticia firmada por Luis R. Aizpeolea.

Pero el Gobierno vasco, que negó haber recibido información alguna sobre las intenciones de ETA, consideró "insidioso" el tratamiento de la noticia, "como si la fijación de una minitregua por parte de ETA fuese un favor a este lehendakari", y criticó que se hiciera un listado de los últimos atentados de ETA en el contexto del debate parlamentario sobre la Ley de Consulta.

Pero el Gobierno autónomo fue más lejos. Además de acusar de "mentir" al periódico, consideró la información "emponzoñadora" de la opinión pública y reflejo, en su opinión, "de la baja catadura ética y democrática con que algunos ejercen la profesión periodística". El Ejecutivo de Vitoria apeló al Código Deontológico interno de EL PAÍS para criticar, en este caso con razón, que "ningún redactor se puso en contacto con este lehendakari ni con ningún portavoz autorizado de la Presidencia del Gobierno para confirmar la noticia o contrastarla".

Aceptado por el propio autor su error de no llamar a la Presidencia del Gobierno vasco para recoger su versión en la información inicial -el hecho de que un relevante abertzaleavisara al lehendakari de la minitregua de ETA-, la noticia se mantiene tal como se publicó. De hecho, el propio Gobierno vasco expresó el viernes su queja porque el diario mantuviera en su primera página la noticia desmentida.

La pregunta, por tanto, es obvia para nuestros lectores. ¿Por qué EL PAÍS sostiene una información negada tan virulentamente por el Gobierno vasco?

La respuesta parece clara. El diario confía en las fuentes que cita el periodista, que son dos: una persona significada, vinculada a la izquierda abertzale, y representantes del PNV que mantuvieron la misma idea de la minitregua de ETA en las fechas próximas al pleno del Parlamento vasco.

El Defensor ha hablado con el autor de la información, veterano periodista vasco y buen conocedor de la realidad de Euskadi -recientemente participó en la televisión autonómica vasca en una entrevista con Juan José Ibarretxe-, que sostiene la veracidad de su información. Aizpeolea declinó hacer comentarios sobre la reacción del Ejecutivo de Vitoria. En cualquier caso, quiso dejar claro que en su información en ningún momento tuvo la intención de acusar de cualquier complicidad tácita o expresa al lehendakari con ETA, y menos "embarrar" la decisión adoptada por el Parlamento vasco sobre la Ley de Consulta "con el fin de confundir y envenenar a la opinión pública" como afirmó en su nota el Gobierno vasco.

La defensa de la libertad de expresión, de la libertad de imprenta y del derecho a la información, distintas y complementarias, no se someten a más límites que los que marca la ley en una sociedad democrática. Ése es el principio general. Pero hay medios y medios. Y los lectores de este diario tienen derecho a saber que el periódico está dispuesto a reconocer sus errores, pero también a mantener las informaciones que considera veraces, a riesgo de que se hagan todo tipo de juicios de intenciones.

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonear al número 91 337 78 36.