Montes lidera una campaña para despenalizar el suicidio asistido

El enfermo debe tener la última palabra sobre su muerte. Ése es el debate que quiere abrir "ya" el doctor Luis Montes, ex jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), y para el que reclama el respaldo de intelectuales y profesionales "progresistas". Montes lanzó ayer un manifiesto y una recogida de firmas por la despenalización del suicidio asistido y de la eutanasia activa en España. Pide el apoyo de filósofos, juristas, teólogos, profesionales asistenciales, personalidades de la cultura, científicos, investigadores y medios de comunicación.

"Los cuidados paliativos no resuelven todos los problemas de dolor"

"Vamos a difundirlo por todos los foros progresistas del país", explicó ayer el doctor Montes. Su firma, junto con la de Miguel Caseres, coordinador de transplantes del Hospital Universitario de Getafe, han sido las primeras. Ambos han dirigido esta semana un seminario en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Ha sido en este curso, Muerte digna, asistencia ante la muerte, donde ha nacido esta iniciativa bautizada como Declaración de Santander.

"Los participantes y los ponentes decidieron que teníamos que manifestarnos y hacer algo", explica Montes. Aún no han consensuado la fórmula para recabar apoyos -"haremos un blog, iremos a colegios profesionales o de otra forma, lo decidiremos el lunes"- pero sí el objetivo: que el debate llegue al Congreso de los Diputados.

El manifiesto exige protección legal para el personal médico que acepte tanto "las prácticas eutanásicas" como la ayuda al suicidio médico, porque los cuidados paliativos "no resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento físico, psíquico y existencial". El término eutanasia se refiere a que un médico suministre fármacos a un enfermo terminal que los pide para acabar con su vida. En cambio, el término suicidio asistido se refiere a suministrar al enfermo los fármacos necesarios para que éste ponga fin a su vida.

"Una buena regulación y una buena praxis", según el texto, "evitarían prácticas clandestinas". Los ponentes del seminario abogan por la "autodeterminación, libertad y dignidad" de las personas para afrontar la muerte como "una decisión personal". No basta con el testamento vital. Las instrucciones previas de los pacientes deben quedar recogidas "de manera verbal" para evitar "conflictos".

Con este manifiesto exigen que la legislación garantice "el derecho a la muerte digna", y consideran "insuficiente" la regulación del actual Código Penal, que en su articulado incluye penas de cárcel de seis a 10 años para el que "coopere" con un suicida.

La intención del manifiesto no es imponer ninguna de las dos prácticas. Esto, dicen, "pertenece al ámbito de la libertad de elección personal de aquellos que quieran disfrutar de este derecho". En el documento solicitan a "todos" los partidos políticos que aborden el debate de manera "seria, responsable y sosegada" en una comisión específica en el Congreso de los Diputados.

La Declaración de Santander rechaza que se usen términos como "nazismo" u "homicidio eutanásico". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, tildó de "nazis" las prácticas que su gobierno denunció en el hospital Severo Ochoa de Leganés, en el caso de supuestas sedaciones irregulares que ha sido archivado. La expresión "homicidio eutanásico" la empleó otro miembro del PP, Mario Mingo. Dos consejeros del Gobierno de Aguirre se pronunciaron ayer sobre este asunto. Juan José Güemes (Sanidad) y Engracia Hidalgo (Familia y Asuntos Sociales) consideran que hablar sobre la eutanasia es un "debate vacío" y una "cortina de humo" lanzada por el PSOE para no hablar de economía.