Las clínicas guardarán bajo códigos los nombres de mujeres que abortan

La identidad de las mujeres que aborten se mantendrá oculta salvo petición judicial, según un real decreto que estudia hoy el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno quiere impedir que se repitan hechos como las decenas de interrogatorios recientemente realizados por la Guardia Civil a mujeres que habían sido pacientes en clínicas de Madrid y Barcelona. Algunas fueron sorprendidas por la citación en su casa y en presencia de familiares, lo que viola su intimidad.

En lo sucesivo, los datos personales estarán identificados por un código que sólo se revelará ante un juez. Las clínicas estarán obligadas a tratar estos datos con un nivel de seguridad "alto". Y cualquier mujer que haya abortado antes del decreto podrá pedir en el centro que se codifiquen sus datos. El proyecto de real decreto fija además unos estándares mínimos de calidad para todos los centros autorizados.

Entretanto, el Gobierno empieza a perfilar una reforma más amplia de la ley. La idea es combinar plazos en que el aborto será libre y periodos más flexibles para los supuestos graves. La reforma dificultará el recurso al supuesto psicológico en los embarazos más avanzados. Un primer informe debe estar listo antes de fin de año.