Europa consagra la libre circulación de pacientes

Los europeos tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria en cualquier otro Estado miembro sin autorización previa de su país de origen, salvo en casos excepcionales. Una propuesta de directiva aprobada ayer por la Comisión Europea da así luz verde a la libre circulación de pacientes por territorio comunitario.

El requisito es que la prestación demandada esté en la oferta de su país

La directiva no incluye la creación de un fondo de compensación

Cualquier ciudadano comunitario podrá exigir que se le atienda en un país miembro en el que esté por turismo o si su país -por problemas de lista de espera o porque la especialidad deseada no existe- no puede garantizarle el tratamiento. España considera "insatisfactoria" esta propuesta y critica que no se exija autorización previa. Esto impide, sostienen, que los estados puedan organizar sus servicios de manera "sostenible".

La normativa, que entrará en vigor cuando obtenga el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo, pone como requisito que la prestación sanitaria que el ciudadano en tránsito demande esté contemplada en la sanidad pública de su país. Esta propuesta de directiva refunde y hace suya la doctrina desarrollada por el Tribunal de Justicia Europeo sobre esta materia durante los últimos años y clarifica los derechos sanitarios de los pacientes en otros Estados miembros.

Afecta especialmente a las personas que se encuentran en regiones fronterizas, a los ciudadanos que estén en otros países por motivos de turismo o trabajo o que buscan un servicio sanitario en otro país porque en el suyo hay una larga lista de espera o no existe con el grado de especialización deseada.

España no apoya la propuesta de la Comisión Europea. Primero, porque no aborda servicios que considera fundamentales, como la creación de unas pautas mínimas comunes para que todos los profesionales sanitarios de la Unión Europea actúen igual frente a una misma patología. Segundo, porque tampoco establece una cartera de servicios sanitarios comunes. "Esta puede ser una oportunidad perdida para construir un espacio de salud europeo", criticó ayer José Martínez Olmos, secretario general del Sanidad, quien explicó que el contenido de la directiva afecta sólo a alrededor de un 2,5% de la población de los países miembros y deja fuera al resto.

Martínez Olmos se aferra a la posibilidad de que aún se pueda modificar la directiva y explica que considera "fundamental" que se incluya en ella la prestación farmacéutica. "No solventa las dificultades de cuando una persona se mueve de un país a otro. No todos tenemos al mismo nivel el sistema de receta electrónica o una cartera de medicamentos común. La directiva tampoco plantea cómo superar la barrera del idioma. Cómo se hará cuando una persona venga a España con una receta en polaco, o al revés", sostiene el secretario general de Sanidad.

A finales de 2006, la Comisión Europea consultó a los países sobre una posible normativa de servicios sanitarios. En 2007, España le envió su respuesta en la que proponía, entre otras cosas, la creación de un "fondo europeo de compensación" para asegurar la financiación de aspectos necesarios para atender de forma adecuada a los extranjeros (como la contratación de intérpretes). De este fondo no hay rastro en la propuesta de directiva, que establece que los pagos y reembolsos sobre los servicios que demanden los ciudadanos comunitarios en otros Estados miembros se regirán por dos principios básicos. El primero es que cualquier cuidado no hospitalario al que los ciudadanos tengan derecho en su país de origen podrán también pedirlo en cualquier otro Estado miembro sin permiso previo y le deberá ser rembolsado el coste que tenga el tratamiento en su país de origen.

El segundo principio se refiere a los cuidados que requieran ingresos hospitalarios. En este caso, los ciudadanos también tienen derecho a solicitar atención en otros Estados y a que se les devuelva el dinero que cuesta esa prestación concreta en su casa. Pero en este supuesto los países podrán requerir la autorización previa, si consideran que se dan determinadas circunstancias, como una demanda muy elevada, que puedan poner en riesgo el sistema sanitario de un país determinado.

La comisaria de Sanidad, Androula Vassiliou, advirtió sin embargo que en los casos de autorización previa, "los Estados deberán justificar los motivos de la misma y comunicarlo a la Comisión y, si no hay acuerdo, ésta enviará el caso al Tribunal para que decida". Vassiliou precisó que "la directiva no pretende una armonización de los sistemas sanitarios europeos y ofrece al mismo tiempo la necesaria seguridad jurídica a los Estados miembros y a quienes prestan dicha asistencia sanitaria".

"Sin el sistema de autorización previa es imposible organizar de manera adecuada un sistema nacional de salud. Imagínese que llegan 400 ciudadanos comunitarios a operarse de cataratas a un mismo hospital. Hay que saber con qué demanda se cuenta y con qué oferta", explica Martínez Olmos. Ya en su respuesta a la Comisión en 2007 esta postura quedó clara: "España considera que los pacientes no deberían desplazarse por propia iniciativa a otros Estados para solicitar un determinado servicio sanitario, sino que debería ser el sistema sanitario emisor el que realice su derivación al receptor". Se trataría, dijo en ese momento, "de asegurar así los derechos de los ciudadanos europeos en materia de salud evitando el denominado turismo sanitario".

España considera que esta propuesta ha optado por una directiva "de pacientes" en lugar de una de espectro más amplio de "servicios sanitarios" y sostiene que el texto no fomenta de manera "suficiente" elementos como la creación de unidades de servicios de referencia y tampoco refleja las posibilidades de movilidad de los profesionales europeos dentro del espacio común.

La propuesta de directiva reforzará, en cambio, los proyectos de "salud electrónica", apoyando posproyectos de atención sanitaria a distancia que proporcionan los grandes hospitales. Permitirá también evaluar las tecnologías sanitarias y ayudará a que se reduzcan los solapamientos y duplicidades, lo cual redundará en un uso más eficaz de los recursos.