El Consejo aprueba 196 millones para Huelva

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un paquete de iniciativas en inversiones, por un montante global de 196 millones de euros, para la provincia de Huelva que implican a las consejerías de Empleo, Vivienda y Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Agricultura.

La Consejería de Agricultura y Pesca invertirá un total de 76,7 millones de euros, de los que más de 40 irán destinados a la agroindustria y el resto a la modernización de explotaciones agrarias y ayudas a los ganaderos. La Consejería de Vivienda prevé destinar hasta 2011 un total de 42,4 millones de euros en la construcción de 618 viviendas y actuaciones de urbanización que permitirán construir otras 495 en la capital, el Andévalo y la Cuenca Minera.

La inversión comprometida por Obras Públicas es de 39,2 millones en carreteras, de los que 13,2 serán para la mejora de accesos al litoral y 26 millones para la variante de El Rocío, el acondicionamiento de la carretera A-495 entre Gibraleón y San Bartolomé, y la carretera entre el cruce de Calañas con el cruce de Tharsis. Otros 35,4 millones de euros se dedicarán a la depuración de aguas. También se contemplan 1,25 millones de euros para los primeros trabajos del Parque Científico Tecnológico de Huelva y otra de 885.000 euros para infraestructuras del Centro Tecnológico de la Pesca, en Isla Cristina

- Ley de mediación familiar. El Gobierno acordó ayer remitir al Parlamento el proyecto de ley de Mediación Familiar en Andalucía, que regula un procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre miembros de una familia que no se aplicará a casos de violencia o maltrato. Este texto legal ya fue remitido a la Cámara pero decayó al convocarse elecciones.

Podrán solicitar voluntariamente la mediación personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, además de personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las que ejerzan la tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.

Entre los conflictos, figuran los relativos a medidas motivadas por separaciones, divorcios o disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas en situaciones de dependencia; relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela.

La Junta cuenta desde 2003 con un programa de mediación familiar que funciona en toda la comunidad. En él intervienen 21 profesionales que han atendido más de 2.500 casos.