Negligencia energética

La economía mundial se enfrenta hoy a una crisis del petróleo tan peligrosa o más que el desorden financiero causado por las hipotecas basura. El alcance del choque petrolero se resume en tres o cuatro cuentas sencillas. Por ejemplo, a principios de 2007 el barril de brent costaba en el mercado entre 50 y 55 dólares, y el viernes pasado superaba los 140 dólares. Los amantes de las comparaciones recuerdan que esta imparable subida de precios equivale a un impuesto extraordinario de casi el 5% aplicado sobre toda la producción mundial no petrolera. En el brusco encarecimiento del crudo cabe identificar fenómenos comunes con otros shocks petroleros: exceso de demanda, generado por el tirón del consumo de países emergentes y una disminución de la oferta, que se ha hecho evidente para los mercados en forma de desaparición de las exportaciones de Irak o del descenso calculado de la exportación de la OPEP.

Pero la explicación diferencial de esta crisis hay que buscarla en el papel de los mercados de futuros o similares, es decir, aquellos que especulan a corto y medio plazo sobre el precio del petróleo. Para los economistas más ortodoxos, la especulación con precios futuros no influye sobre los precios del presente, que son responsabilidad estricta y única de las oscilaciones de la oferta y la demanda. Pero hay analistas que imputan a la especulación la responsabilidad de una subida sin freno de los precios. De nuevo aparecen en el vórtice de la discusión la raquítica regulación económica y financiera aplicada por Washington. Los precios se habrían disparado, según esta versión, por el descontrol de las operaciones over the counter -contratos privados, fuera del mercado- y, previsiblemente, volverían a un cauce relativamente normal si para especular con futuros se exigiera la declaración de cada operación ante el mercado.

Es impensable suponer que, a medio plazo, el barril costará menos de 120 dólares; y es razonable suponer que los precios se moverán a corto plazo con un límite superior de entre 150 y 160 dólares, porque, a partir de ese límite podrían aparecer incentivos irresistibles para reducir el consumo de crudo y derivados. Hay que deducir que la Administración española, con el Ministerio de Industria en primera fila de responsabilidad, incurre en negligencia temeraria. La economía española necesita un programa para ahorrar energía y reducir la dependencia del petróleo importado. Si es un hecho que las empresas españolas necesitan integrar en sus costes de producción más petróleo que el resto de sus competidoras europeas, parece lógico preguntarse por qué no existe una iniciativa pública para mejorar la eficiencia energética. Esta iniciativa, que podría visualizarse en forma de un plan de ahorro energético y en el compromiso de que las tarifas -como la eléctrica- suban en proporción a sus costes, brilla por su ausencia hoy, como brilló por su ausencia en la legislatura anterior y en la precedente. Tal parece que desde 1996 los Gobiernos de España desconocen principios elementales, como el que establece que el precio regula la demanda; y que carecen del coraje político para explicar a la sociedad española cuáles son los problemas reales y sus inevitables soluciones. Esta negligencia acabará por presentar una onerosa factura; y serán los ciudadanos quienes la paguen. -