El fiscal pide 48 años de cárcel por las muertes del uranio en Unión Naval

Las muertes y lesiones por contaminación de amianto en el trabajo vuelven a los tribunales. Una investigación iniciada en 2004 sobre 23 trabajadores de Unión Naval de Valencia (antes Unión Naval de Levante) se cierra ahora con la imputación de una responsable de la empresa y tres jefes de seguridad. Se les considera responsables de la muerte de 10 de los 23 trabajadores sobre los que se ha investigado el impacto del amianto durante años de exposición en la construcción y reparación de buques, así como de las lesiones de otros y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Para la directiva de la empresa, el fiscal pide 48 años de cárcel. Para los tres jefes de seguridad, 34 años. Podían haber sido más. El tiempo transcurrido ha dejado fuera por prescripción del delito el fallecimiento de otro trabajador. Las indemnizaciones se fijarán en el momento del juicio, cuando los forenses certifiquen el estado de los afectados.

Ignoraron el peligro

Según el fiscal, los imputados ignoraron todas las condiciones en las que se debían realizar los trabajos en los que se utilizaba amianto (recogidas en una orden ministerial de 1982) así como la prohibición posterior (de 1984) de utilizar ese material contaminante. El ministerio público considera que "incumplieron las obligaciones sabiendo que de esta manera perjudicaban gravemente la salud de sus trabajadores, puesto que los acusados sabían que antes y después de esas fechas la empresa había utilizado amianto en la construcción y reparación de buques y que, por tanto, algunos de los trabajadores habían sufrido exposición directa e indirecta a ese contaminante".

El fiscal recoge diez incumplimientos claros, entre ellos la ausencia de una lista de trabajadores potencialmente expuestos, la carencia de evaluación inicial y control continuado de las partículas de amianto y de los riesgos, la falta de seguridad en la ropa, en herramientas de protección y en limpieza, y el hecho de que la compañía no se inscribiera en el registro de empresas con riesgo de amianto, lo que evitó el control de la Inspección de Trabajo.

Los afectados trabajaron una media de 25 años expuestos al amianto. A partir de 1999, se les detectaron problemas severos pulmonares derivados de ello. Diez ya han fallecido.