La Comunidad solicita que el alcalde de Coslada declare como imputado

El abogado del Gobierno regional personado en el caso Coslada, Ramón Cubián Martínez, presentó ayer un escrito ante el titular del Juzgado número 21 en el que solicita que el alcalde de la localidad, el socialista Ángel Viveros, sea llamado a declarar como imputado en la trama de corrupción detectada en la Policía Local del municipio, con 26 acusados, de los que 13 están en prisión.

El letrado pide también un careo entre el regidor y el jefe de la policía, Ginés Jiménez. Fuentes municipales criticaron "la persecución política clara y evidente" del Gobierno regional (PP) a Viveros.

La solicitud de Cubián, que es teniente de alcalde y concejal en Alcobendas por el PP, se basa en una veintena de documentos extraídos del sumario en los que, según fuentes regionales, se demuestra "la íntima conexión personal" entre Jiménez y Viveros. Mantiene que éste habría supuestamente dado cobertura al sheriff para mantener su impunidad.

La solicitud se basa en una conversación grabada entre Jiménez y Viveros el pasado 27 de marzo. En ella el alcalde le dice al jefe de la Policía Local que intentará quitarse de en medio al comisario del Cuerpo Nacional de Policía. Éste había ordenado la detención de uno de los miembros del Bloque (grupo de 25 agentes locales acusados de varios delitos), Adrián Jaramago por supuestas agresiones a su pareja.

También basa su petición en la grabación de una conversación de Ginés Jiménez con el juez de Coslada y ahora suspendido de funciones, Carlos Nogales. En ella, el jefe de policía le dice que el alcalde ha hablado con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para que se llevara al comisario.

Otro punto en el que incide el abogado es que Ginés Jiménez controlaba supuestamente el Ayuntamiento "con el conocimiento y, por tanto, con el consentimiento expreso o tácito del alcalde Ángel Viveros". Un ejemplo de ello es la conversación telefónica entre el número dos de la trama y supuesto cabecilla del Bloque, Carlos M. G., donde se aprecia, según la acusación, la dependencia del concejal de Seguridad, Antonio Murillo, respecto de Jiménez. También aporta el testimonio de un policía, Juan José Álvarez Piris, al que el jefe de la Policía Local represalió por carecer de su confianza "por motivos políticos". El agente no informó a Jiménez sobre los movimientos y desplazamientos del anterior alcalde de Coslada, Raúl López (PP), mientras fue su escolta.

Ante diversas declaraciones recogidas en el sumario del caso Coslada, el letrado pide el careo entre ambos si sus declaraciones resultaran contradictorias.

Fuentes del equipo de gobierno de Coslada aseguraron que el alcalde está "tranquilo", porque ha respondido a todas las conversaciones en las que fue grabado. Según estas fuentes, resulta raro que el Gobierno regional se base en declaraciones de imputados, ya que éstos tienen derecho a mentir para defenderse.

"La Comunidad de Madrid está más interesada en un juicio político que en esclarecer los hechos. Están utilizando artificios mediáticos para que el alcalde quede imputado durante los meses en los que puede estar parado el caso por el traslado del expediente de un juzgado de Madrid a otro de Coslada", añadieron las fuentes.