Barrientos autorizó el pago de obras irregulares por 1,2 millones

Las cosas se estaban saliendo de madre en Estepona. Un mes antes de que la policía detuviera a su alcalde Antonio Barrientos (PSOE) por el caso de corrupción urbanística, el máximo responsable de la trama, según la juez Isabel Conejo, comenzó a encontrar más escollos de los habituales en sus propuestas.

El reconomiento de deudas enfrentó a los concejales del equipo de gobierno

Los disidentes del equipo de gobierno -formado por PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista- se plantaron a la hora de autorizar el pago de 1,2 millones de euros por trabajos que no habían pasado los cauces legales y tampoco vieron con buenos ojos la adjudicación del depósito de vehículos a un empresa que tenía vínculos familiares con el asesor de alcaldía, José Flores.Barrientos y Flores comparten celda en Alhaurín de la Torre desde el pasado viernes acusados de tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo.

El ex alcalde renunció ayer a su acta de concejal y a la secretaría local del PSOE. Uno de sus abogados aseguró que se encuentra "muy entero" y "mejor que en dependencias policiales". "Tiene la fortaleza de una persona que no tiene conciencia de haber hecho nada que merezca el reproche", aseguró el letrado. Hace una semana, durante en el registro de las dependencias municipales, la policía pidió a los funcionarios que le facilitaran los expedientes de las empresas Nagore Inversiones y Collection World, a las que el concejal de Hacienda Francisco Zamorano, en libertad bajo fianza de 50.000 euros, pretendía reconocerles 1,2 millones de euros de deuda.

La fórmula del reconocimiento de deuda se utiliza habitualmente para aprobar los contratos hechos a dedo, en los que no ha habido concurso público o licitación, coinciden dos fuentes consultadas.

Las dudas sobre la forma en la que encargaron nueve de estos expedientes hicieron que el 23 de mayo, en el último pleno celebrado en su Ayuntamiento, los expedientes de reconocimimiento de deuda se quedaran en el aire. Cuando llegó el turno de tratar el punto, varios de los concejales del equipo de gobierno, entre ellos los socialistas Rafael Duarte y David Valadez, salieron del plenario, por lo que Barrientos tuvo que acordar un receso. A la vuelta, no se ahondó más en la cuestión. El concejal de IU, Eduardo Alarcón, pidió que el expediente quedará sobre la mesa hasta que hubiera más informes.

Los concejales ya advirtieron a Barrientos de que no votarían ese punto, pero aún así, formó parte del orden del día. El punto polémico era el pago de 915.000 euros a la empresa Nagore Inversiones SL por unos trabajos de remodelación de la avenida Puerta del Mar.

La obra fue adjudicada en 2005 por el concejal ex gilista José Ignacio Crespo, también encarcelado en el caso, y terminó poco antes de las pasadas elecciones. Según un informe del interventor accidental, Luis Díaz, la obra se contrató sin fiscalización previa y "prescindiendo totalmente del procedimiento establecido".

El informe del interventor terminaba por darle el visto bueno al pago, "sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda haberse incurrido por el incumplimiento de los requisitos legales", y alertaba de que esta situación se estaba repitiendo demasiado. "Deben adoptarse las medidas oportunas para evitar en el futuro actuaciones al margen de los procedimientos de contratación legalmente establecidos, y de las normas que regulan la fiscalización preceptiva, ya que últimamente se vienen repitiendo con excesiva frecuencia", consideraba.

Con el pago de 300.000 euros a la empresa Collection World ocurrió algo similar, pero en una junta de gobierno local, señalan fuentes municipales.

Estos desencuentros caldearon el ambiente durante varios días y pasaron a formar parte de una larga lista de acusaciones sonrojantes entre los concejales de Estepona. Otro enfrentamiento se produjo durante la adjudicación del depósito de vehículos. Zamorano acusó a su compañera de partido Cristina Rodríguez de filtrar documentación de la mesa de contratación a Los Verdes y de estar interesada en "crear dudas".

La empresa Ausol Estepona 2000 se constituyó con 3.000 euros de capital el 25 de abril, un día después de la publicación del concurso del depósito municipal de vehículos. Su objeto social coincidía literalmente con el motivo del concurso. Su administrador, Manuel Barroso, fue detenido la semana pasada por orden de la juez Conejo. Está en libertad bajo fianza de 15.000 euros. Barroso, abogado penalista, fue socio del letrado también imputado en la trama corrupta de Estepona Juan Simón.

Los cruces de declaraciones hicieron que Rodríguez demandara a Zamorano, aunque después se retractó. Una nota de prensa municipal aseguraba que habían zanjado sus problemas. Mientras tanto, los investigadores tomaban nota.