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La hija de Javier Rojo, imputada

Fernando J. Pérez

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que investigan la trama de corrupción urbanística en Estepona (Málaga), han citado hoy a declarar en calidad de imputada a la técnico municipal Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo (PSOE). Abogada de profesión, Patricia Rojo entró a trabajar en el Ayuntamiento en el año 2005. Tras las elecciones de 2007, el actual concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, la nombró coordinadora del área de Urbanismo. El pasado viernes, Duarte compareció ante los investigadores, que le imputaron supuestos delitos de prevaricación y cohecho, aunque su defensa, ejercida por el letrado Diego Martín Reyes, ex presidente de la Comisión Gestora que gobernó Marbella tras la disolución del Ayuntamiento por el caso Malaya, asegura que su imputación es sólo "una medida de garantía".

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Los agentes han convocado para hoy en la comisaría de Estepona al alcalde accidental, Rafael Montesinos, del Partido Andalucista (PA). Montesinos, que también ha sido citado como imputado, colocó en julio de 2007, a su propia hija, Ana María Montesinos, como alto cargo de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas SL. Esta sociedad depende de la concejalía de Turismo, controlada por Montesinos, que también es primer teniente de alcalde tras revalidar el pacto de gobierno con el PSOE tras las elecciones de mayo de 2007.

El contrato de alta dirección como técnica de Turismo fijaba un salario de 2.450 euros brutos mensuales para Ana María Montesinos, de 29 años. En la firma del contrato participaron el concejal socialista de Hacienda, Francisco Zamorano, que es consejero delegado de la empresa municipal, y la edil andalucista Agripina Rivas, presidenta de la empresa. Zamorano se encuentra en libertad bajo fianza de 50.000 euros por su supuesta implicación en el caso Astapa.

Además de la declaración de los 26 detenidos en la causa contra la corrupción en Estepona -concejales, técnicos de distintas áreas municipales, abogados y promotores con intereses en la localidad que supuestamente pagaron sobornos a los políticos- la policía ha llamado a declarar como testigos a distintas personas vinculadas al Ayuntamiento. Entre ellas se encuentran el secretario municipal, Gustavo Rubio; el tesorero, Félix Domínguez; el técnico del área de Sanidad Alfredo Ruiz; el ex gerente de la sociedad municipal Desarrollo Municipal Estepona, Juan Carlos Gurrea; los ex concejales Marta Solís, del Partido Estepona (PES) y Antonio Gómez, del PA, la concejala andalucista Agripina Rivas, y la actual pareja del dimitido alcalde Antonio Barrientos.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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