Marineros del 'Playa de Bakio' no aclaran al juez si se pagó rescate

Los ocho marineros gallegos del Playa de Bakio, el atunero secuestrado por piratas somalíes el pasado mes de abril, no pudieron aportar ningún dato ante el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Abreu sobre el supuesto rescate pagado por su liberación. El magistrado les tomó ayer declaración en un juzgado de Vigo. "¿Cómo íbamos a conocer nada del rescate si ni siquiera podíamos comunicarnos con nuestras familias?", se preguntó el contramaestre Ángel Fernández ante los periodistas tras su declaración en el juzgado.

El rescate pagado por la liberación de la tripulación fue de 1,2 millones de euros, según confirmaron las autoridades somalíes. Los marineros interrogados ayer coincidieron en no saber "si hubo cuartos (dinero) o no". Las preguntas del juez se orientaron, sobre todo, a conocer las circunstancias del secuestro: el momento en que se produjo, el trato que recibieron durante los seis días que duró, cómo fueron liberados y qué daños ocasionaron los piratas, de todo lo cual ya dieron cuenta tras su liberación.

"Fue una pesadilla que aún nos persigue", dijo Antonio Rodríguez, capitán del atunero, y el que se mostró más optimista respecto a la posibilidad de que los piratas sean finalmente atrapados. Los marineros no se habían vuelto a ver desde que concluyó su peripecia. Algunos tuvieron que recibir tratamiento psicológico para superar el trauma que les causó y ahora, entre finales de agosto y primeros de septiembre, todos volverán a embarcarse para faenar en el Índico, sin descartar que se repitan hechos parecidos. "Tenemos que comer y hay que pagar la hipoteca", señaló el engrasador, Jesús Albar.

"Tendría que haber buques militares de todos los países que trabajan en el caladero para dar seguridad a los pescadores", propuso el patrón, Amadeo Álvarez. En la zona hay actualmente entre 500 y 600 tripulantes de barcos españoles, pero también hay pesqueros rusos o franceses. "Podría hacerse algo más de lo que se hace", añadió Álvarez. "El Gobierno conocía los problemas, pero el caladero es muy grande y la Armada española no puede vigilarlo sola".