Justicia empaña al final la ley de Víctimas

Las informaciones de los periódicos del día pesaron como nunca en el Parlamento vasco. La jornada en la que la Cámara se disponía a aprobar la Ley de Víctimas del Terrorismo quedó oscurecida por el anuncio realizado la víspera por la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, de un supuesto compromiso del Gobierno vasco para crear una Dirección para las víctimas de la violencia policial.

La directora de la Oficina de Victimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, y su principal colaborador, Txema Urkijo, presentes ayer en el palco de invitados para seguir la celebración de un pleno "histórico", según coincidieron tanto el lehendakari como los socialistas, se habían desayunado con la noticia en los medios. Y no daban crédito. Aunque para entonces Lasa y Urkijo ya conocían que Jon Landa, director de Derechos Humanos en la consejería de Justicia de Joseba Azkarraga (EA), había pretendido presentar el día 17 su informe en la Comisión de Derechos Humanos, sabiendo que su contenido podría perturbar gravemente el desarrollo del pleno que debía aprobar hoy la ley de Víctimas.

Roberto Manrique: "Es vergonzoso poner a los policías a la altura de ETA"

Se mascaba para entonces un nuevo enfrentamiento entre las direcciones de Víctimas, dependiente de Interior, y de Derechos Humanos, dependiente de Justicia. Sus titulares han mantenido en estos años unas relaciones difíciles, salpicadas de choques por el intento de la consejería de Azkarraga de equiparar a las víctimas de ETA con quienes han sufrido torturas u otro tipo de violencia. El informe de Landa, finalmente, será presentado en la Comisión de Derechos Humanos el próximo martes, día 24.

Tras la aprobación de la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo con una amplísima mayoría (el PP sólo puso algunas objeciones de matiz, mientras que EHAK no estuvo ni en el debate ni en la votación), Lasa salió en tromba contra ese supuesto compromiso del Ejecutivo anunciado la víspera por Ezenarro. "Esta iniciativa ha interferido de manera grosera e inoportuna en el debate y ha generado polémica", comenzó diciendo Lasa, refiriéndose al consenso logrado alrededor de una norma que pretende reparar el daño infligido a las víctimas por las organizaciones terroristas de distinto signo (ETA, GAL, etcétera).

Y a renglón seguido, sostuvo con rotundidad que el supuesto acuerdo era papel mojado. Primero, porque no se ha debatido en el seno del Gobierno, y segundo, porque no cuenta con el aval de todos los partidos que lo componen, es decir PNV y Ezker Batua, además de EA, el partido de Azkarraga.

No fue la única crítica que cosechó la iniciativa del Departamento de Justicia. También censuraron su actuación las organizaciones de víctimas del terrorismo presentes en el mismo palco donde se sentaban Lasa y Urkijo. Hacia esa zona miraron desde la tribuna del Parlamento en varias ocasiones los portavoces del PP, PSE y del tripartito. Siempre en señal de agradecimiento y poniendo en valor su paciencia durante estos años y su labor al presentar de manera "constructiva" muchas de las enmiendas a la ley de Víctimas que finalmente han sido incorporadas. El portavoz de la Federación de Asociaciones Autonómica de Víctimas, el catalán Roberto Manrique, tuvo palabras muy directas para el consejero y secretario general de EA. "Quiero decirle a [Joseba] Azkarraga que se lo haga mirar y se replantee las cosas, porque nos parece vergonzoso que se pueda poner a las Fuerzas de Seguridad a la altura de los asesinos de ETA y otros grupos terroristas". "No podemos poner en el mismo nivel a los que ponen los muertos, muchas veces agentes de las fuerzas de seguridad, con los que ponen a los asesinos, que son los etarras y los que los apoyan", remarcó Manrique.

El malestar era patente entre las víctimas, por una actuación que enturbiaba un día muy esperado. Llega 40 años después del primer asesinato de ETA, a 28 de la fundación del Gobierno vasco, a nueve de aprobarse la ley nacional de víctimas, "que ya llegó tarde", según recordó en la tribuna el portavoz popular, Santiago Abascal, y a tres años de que el Parlamento vasco le encomendara al Ejecutivo la elaboración del proyecto de ley.

A última hora de la mañana, la dirección de Jon Landa tuvo que admitir en una nota que no existe "compromiso" alguno sobre la creación de una oficina para las víctimas de los cuerpos policiales, en contra de lo anunciado por Ezenarro. Y que las "recomendaciones" incluidas en su informe sobre cómo proceder con ellas (alrededor de cien personas muertas y 500 heridas) "deben ser valoradas por los grupos parlamentarios en la Comisión". El recorrido político está aún por definir.