De nuevo la corrupción

La detención del alcalde de Estepona y otros 24 empleados del Ayuntamiento y empresarios acusados de delitos típicos de corrupción municipal como prevaricación, cohecho, malversación de fondos o delitos contra la ordenación del territorio, recuerda que España tiene un serio problema de delincuencia urbanística y que ese problema es particularmente grave o está especialmente concentrado en la costa turística española. Como en una larga ristra de casos desde Andratx (Baleares) hasta Mogán (Canarias), el equipo municipal, encabezado por el alcalde socialista Antonio Barrientos, concedía favores urbanísticos a cambio de pingües sobornos y comisiones millonarias. El PSOE le ha expulsado del partido, a diferencia de lo ocurrido en otros casos en que los cargos imputados eran del PP.

Este gesto pretende demostrar que el partido socialista no está dispuesto a tolerar casos de corrupción entre sus militantes. Es el principio opuesto a los criterios del PP, reacio a sancionar políticamente los indicios de delito mientras no hay sentencia firme. La conducta del primer partido de la oposición conduce a situaciones tan escandalosas como las de Alhaurín o Totana, donde alcaldes acusados de delitos inmobiliarios siguen desempeñando plácidamente sus funciones.

Pero el guiño no basta. En Estepona hay que exigir, como en casos anteriores, que los culpables sean castigados con la máxima dureza que permite la ley en atención al fraude perpetrado contra el bienestar de los ciudadanos y los daños causados a la confianza en las instituciones democráticas. Pero además existen responsabilidades de gestión política que conviene aclarar. ¿Ha sido una auténtica sorpresa el descubrimiento de este nuevo foco de infección política? La dirección socialista ya permitió en 2003 una alianza del PSOE local con una facción del GIL, partido de infausta memoria en Marbella. La fulminante expulsión no resuelve más que la fachada del problema. Como terapia elemental, el PSOE debería explicar públicamente por qué se aceptó un pacto tan nefasto y como pretende recuperar la credibilidad de la ciudadanía después de este fiasco.

La lucha contra la corrupción urbanística exige, por supuesto, una Administración de justicia dotada de medios y con iniciativa política para investigar la delincuencia hasta los últimos rincones. También es necesario, por no decir urgente, que se apliquen con rigor las leyes vigentes contra la corrupción. Resulta pintoresco que no se pueda reclamar la declaración pública de bienes de alcaldes y concejales, prevista en la Ley del Suelo de 2007, simplemente porque no se ha regulado la figura del Estatuto Municipal. Como es absurdo que a fuerza de negligencia administrativa y concesiones políticas se hayan desactivado los controles internos de los municipios, como el que representaban los interventores. Y, no menos importante, las leyes deben modificarse para que la restitución de lo robado sea condición indispensable para acceder a los beneficios penitenciarios.