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Golpe a la corrupción municipal

La trama corrupta de Estepona financió a partidos con las comisiones ilegales

El alcalde socialista y dos ediles manejaron una 'caja b' con el dinero obtenido - El Ayuntamiento contrató sin concurso a amigos y parientes de los concejales

La red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES). Una caja b municipal, que manejaban el alcalde socialista, Antonio Barrientos, el concejal de Hacienda, Francisco José Zamorano, y su antecesor, el edil Manuel Reina, del PES (integrado por ex dirigentes del GIL), atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos, sus formaciones políticas, y el pago de actos municipales de concejalías.

La juez investiga incrementos patrimoniales sin justificar

La investigación impulsada desde 2006 por la Fiscalía Anticorrupción y la Comisaría General de Policía Judicial, a resultas de una denuncia interna contra la trama, ha evidenciado que las comisiones recabadas desde el Ayuntamiento de Estepona sirvieron para esos fines ilegales.

Parte del botín, según la investigación, fue a los bolsillos de los miembros de esta trama, a la que se atribuye, entre otros delitos, el de blanqueo de capitales. Esa sospecha policial se desprende de frases comprometedoras grabadas a los supuestos corruptos. Además, se cimenta en la constatación del incremento patrimonial injustificado detectado en algunos de los concejales investigados. Como dicho patrimonio, según la investigación, procede de unos fondos delictivos (comisiones), los ediles incurren en blanqueo de capitales. Para ocultar el uso del dinero sucio contaron con la ayuda de promotores y constructores. Los ingresos de la caja b que manejaba el alcalde, al que se le imputa el delito de llevar una doble contabilidad en el municipio que gobernaba, tenía distintos orígenes, todos ilegales:

- Convenios urbanísticos. El Ayuntamiento de Estepona hace una cesión de suelo al promotor y valora la contraprestación que debe recibir. Dicha valoración siempre se hacía por debajo del precio real pero, en realidad, el promotor devolvía parte del dinero regalado por el ayuntamiento a los encargados de gestionar la caja b.

- Adjudicaciones irregulares de obras y servicios. El otorgamiento de un contrato forzando la ley a un empresario amigo tenía un precio. El peaje se integraba en los circuitos financieros clandestinos municipales.

- Aportaciones directas de empresarios a concejalías. La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, unidad policial de delitos económicos, sospechan que las aportaciones de empresas privadas a distintas concejalías para sus actividades públicas respondían a previos favores municipales a sus firmas.

- Otorgamiento de licencias municipales de todo tipo bajo exigencia de previo pago. La exigencia a particulares de un peaje ilegal se convertía en otra fuente de ingresos para la caja b.

- Favores municipales a amigos o parientes. Según su tipología y gravedad, pueden revestir carácter penal o no. Los favores, en ocasiones, pudieron ser agradecidos económicamente, según la investigación.

- Contratación ilegal de personal. La trama gobernante prescindió de concursos para encumbrar así en el aparato municipal a sus parientes o amigos.

Cada uno de los imputados en esta operación se ve implicado en distintas operaciones delictivas. Así, el alcalde socialista cometió supuestamente media docena de delitos (prevaricación, nombramiento ilegal, cohecho, tráfico de influencias, doble contabilidad y blanqueo de capitales). Su jefe de gabinete, José Flores Simón, es sospechoso de tráfico de influencias, malversación y blanqueo.

El concejal de Hacienda, el socialista Francisco José Zamorano, cometió supuestamente un delito contra la Hacienda Pública además de controlar la caja b del ayuntamiento. La investigación le atribuye además los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociación prohibida a funcionario público, información privilegiada, y blanqueo de capitales. En esa concejalía estuvo durante la pasada legislatura el concejal Manuel Reina, del Partido Estepona, acusado de idénticos delitos. Uno de los empresarios detenidos, Enrique González Ceano, gestionó la última campaña publicitaria electoral del PSOE en Estepona.

Otros presuntos cómplices de los responsables políticos para convertir la gestión urbanística en comisiones ilegales fueron los arquitectos municipales Ignacio de la Hoz y Arturo Cebrián, junto a altos cargos vinculados al Urbanismo como Andrés Arturo Flores Gómez, Xavier Wittmeur, casualmente responsable en el Ayuntamiento de la valoración de suelos. En total hay 26 detenidos a los que ayer empezó a interrogar la titular del juzgado número 1 de Estepona.

TODOS LOS DETENIDOS EN LA TRAMA DE CORRUPCIÓN DE ESTEPONA Y SUS CARGOS

Bloque políticoLos delitos en que ha podido incurrir el colectivo de políticos imputados son los siguientes: doble contabilidad, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación, falsedad cometida por funcionario público, asesoramiento prohibido, uso de información privilegiada, aceptación de nombramiento ilegal, nombramiento ilegal, revelación de secretos, negociaciones fraudulentas.- Antonio Barrientos, alcalde, del PSOE.- Francisco Zamorano, concejal de Economía y Hacienda, portavoz del PSOE y ex senador.- Marisa Rodríguez, concejala socialista de Playas.- Asunción López, concejal socialista de Cultura.- María Victoria López Cabezón, concejal socialista de Educación.- Manuel Reina, concejal del PES (antiguo responsable de Hacienda).- José Ignacio Crespo, concejal del PES.Técnicos municipales y abogadosLa mayoría, acusada de tráfico de influencias, cohecho, uso de información privilegiada, participación en nombramientos ilegales, falsedad cometida por funcionarios, alteración de precios en concursos y subastas, blanqueo de capitales, actividad profesional prohibida, asesoramiento prohibido, delitos contra la ordenación del territorio, edificaciones ilegales.- José Flores, jefe del Gabinete de Alcaldía.- Arturo Cebrián, arquitecto municipal.- Andrés Flores, jefe del servicio jurídico de Urbanismo (en libertad con cargos).- Juan Simón, arquitecto municipal.- Pedro López, ex gerente de Urbanismo.- Javier Wittmeur, ingeniero de Obras Públicas, candidato en las últimas elecciones del PES.- Ignacio de la Hoz, coordinador del Plan General (libertad bajo fianza de 50.000 euros).- Manuel Barroso, abogado.- Ana María Crespo, hermana del edil del PES José Ignacio Crespo (en libertad, fianza de 30.000 euros).Promotores y constructoresLa mayoría, acusada de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias por particulares, falsedad documental, blanqueo de capitales.- José Romero, presidente de la promotora Prasa (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Vicente y Félix Delgado, dueños de la constructora Codelsa (libertad bajo fianza de 100.000 euros).- José Antonio Bazán, dueño de Agrojardín (en libertad bajo fianza de 300.000 euros).- Luis Fernando Linares, ex consejero delegado de Valle Romano (en libertad con fianza de 500.000 euros).- Enrique González Ceano, dueño de la empresa que gestionó la última campaña del PSOE (libertad sin fianza).- José Luis Cabas, empresario (en libertad con fianza de 30.000 euros).- Manuel de la Cruz, empresario (libertad sin fianza, pero con cargos).- Daniel Delgado y Armando Pérez, abogados de Valle Romano (en libertad con fianza de 100.000 euros).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 19 de junio de 2008

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