Amnistía pide comisiones independientes para investigar las denuncias de tortura

Es la transparencia y la profundización en los Derechos Humanos y las libertades lo que hace fuerte a los estados y más libres a sus ciudadanos frente a los excesos de sus funcionarios y los embates de las organizaciones terroristas, y no al revés. "No se puede luchar contra un delito con otro delito". Tal fue el discurso que desgranó ayer en Euskadi la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, quien detalló las mismas cinco preocupaciones que escuchara mañana el presidente Rodríguez Zapatero.

Por eso pidió la creación de comisiones independientes para que investiguen todas las denuncias de torturas, porque la actuación judicial se ha demostrado "insuficiente" para perseguir una lacra que, aunque en España "no se utilice sistemáticamente", según Khan, "continúa siendo un problema extendido y persistente que hay que reconocer y abordar". Y tanto en su vertiente terrorista, como en la de los inmigrantes.

Estas aseveraciones motivaron una respuesta de populares y socialistas en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, donde intervino Khan. El portavoz del PP Carlos Urquijo respondió que la práctica de la tortura en España es "excepcional" y recalcó que la respuesta del Estado y de la justicia ante esos casos resulta "impecable y ejemplar". La socialista Mertxe Agúndez leyó párrafos de alguno de los documentos incautados a etarras en los que se les recomienda denunciar siempre torturas tras su detención para "deslegitimar al Estado de derecho". Y pidió a Aministía que analice también la situación de los amenazados por la banda porque se "ha hablado poco de la dimensión humana de este problema".

En su primera intervención, la representante de EHAK Itziar Bazterrika pasó por alto las torturas, las ilegalizaciones y la ley de Partidos. Y fue la peneuvista Nerea Antia la que preguntó por ellos. Khan defendió el acercamiento de los presos y admitió que la ley de Partidos contiene artículos que "se podrían interpretar" como una "prohibición de la actividades políticas". Fue en la segunda tanda de preguntas cuando Bazterrika recordó las ilegalizaciones en curso "no por razones jurídicas", sino por "decisiones políticas".