Un ciclista a tumba abierta

La Mesa del Parlamento vasco aceptó ayer la admisión a trámite del proyecto de ley aprobado el pasado 27 de mayo por el Gobierno de Vitoria para la convocatoria y regulación de una consulta popular el 25 de octubre de 2008 sobre "la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política". El Pleno de la Asamblea debatirá dentro de diez días -el 27 de junio- la propuesta: la única posibilidad política de que el texto fuese aprobado (sólo necesitaría mayoría simple) sería que el grupo de EHAK -la segunda marca de Batasuna y brazo político de ETA dispone de nueve miembros en la Cámara- prestase cuando menos uno de sus escaños a la suma de votos de PNV, EA, Ezker Batua y Aralar. De esta forma, y al igual que ocurrió con la aprobación del plan Ibarretxe en diciembre de 2004 y la investidura del lehendakari en 2005, vuelve a la escena parlamentaria el bloque de Estella formado por el nacionalismo institucional y el nacionalismo vinculado con el terrorismo.

Con independencia de que la ley quedaría automáticamente en suspenso si fuese impugnada por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional una vez aprobada, sobran argumentos que prueban la torpe inoportunidad, el carácter provocador y los efectos perversos de su envío al Parlamento de Vitoria con la abierta oposición del PSOE y del PP, los dos partidos que sumaron la mayoría de los votos en las últimas legislativas.

El proyecto divide a la sociedad vasca en dos mitades hostiles y azuza las emociones nacionalistas en ambos lados, suministra objetivamente un balón de oxígeno al terrorismo de ETA, aleja indefinidamente la perspectiva del fin de la violencia y sacrifica las amplísimas competencias conseguidas por las instituciones vascas de autogobierno dentro del Estado de las Autonomías a cambio del ensueño irrealizable de una Euskal Herria independiente edificada sobre territorios de soberanía española y francesa desde hace más de cinco siglos. De añadidura, cabe sospechar que las grandes palabras del lehendakari, disfrazado de guía mosaico de un pueblo prehistórico en busca de la tierra prometida, ocultan pequeñas maniobras caciquiles cuyo verdadero objetivo es imponer su hegemonía dentro del PNV y ganar las autonómicas.

En vez de esa larga marcha pastoreada por un prudente conductor bíblico con ayuda de una hoja de ruta cartografiadora de la orografía del terreno, nos encontramos más bien con el enloquecido y acelerado descenso cuesta abajo y dando a los pedales de un ciclista lanzado a tumba abierta sin frenos por la estrecha y empinada carretera de un puerto de montaña. El desprecio por las formas y la falta de respeto hacia el derecho de un proyecto tramitado a matacaballo resulta detectable a primera vista, tanto por el procedimiento de elaboración como por los contenidos de un texto que yuxtapone un breve artículo único y disposiciones adicionales y finales varias. Frente al cierre de filas del tripartito, que considera intachable la factura jurídica del proyecto, Joseba Egibar, portavoz del PNV en el Parlamento vasco y jefe de filas del sector minoritario radical dentro de su partido, ha reconocido, sin embargo, la existencia de serias discrepancias sobre su corrección legal. Las dudas han llegado al punto de que el dictamen -preceptivo pero no vinculante- sobre el anteproyecto realizado por el máximo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma Vasca, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (formada por diez vocales nombrados por el Gobierno vasco mediante decreto), tuvo que ser aprobado in extremis por el voto dirimente de calidad de su presidente, el jefe de los servicios jurídicos centrales de la Administración autonómica.

Si bien la omisión en este tipo de dictámenes de los argumentos subyacentes a los votos emitidos en contra impide conocer las razones de los cinco vocales discrepantes, la lectura de los fundamentos que avalan el pronunciamiento favorable al anteproyecto de ley del dictamen 96/2008 de la Comisión Jurídica Asesora -conseguido gracias al desempate facilitado por su presidente- permite conjeturar cuáles son las cuestiones sometidas a debate y localizar los puntos jurídicamente más débiles del proyecto que se debatirá en el Parlamento vasco el próximo 27 de junio.

El carácter mixto de una ley singular que incluye desordenadamente en el texto una regulación de las eventuales consultas populares sin anclaje competencial en el Estatuto de Gernika, la modificación de la ley electoral vasca de 1990, las dos preguntas para el 25 de octubre y la convocatoria por el Parlamento de una petición solicitada en realidad por el lehendakari le garantizaría un lugar destacado en cualquier museo de teratología jurídica. En cuanto al argumento de que los estatutos reformados durante la anterior legislatura distinguen entre las consultas populares y las modalidades de referéndum de la Constitución, el engañoso sofisma finge olvidar que el Estatuto vasco no ha sido modificado desde 1979.