Los directores de colegios reciben más poder sancionador

El Parlamento cerró ayer definitivamente un conflicto que el Departamento de Educación arrastraba desde hacía tres años con el Gobierno central. La consejería, en manos de EA, ha dado finalmente su brazo a torcer y ha aceptado que debe plegarse a lo que marca la Ley Orgánica de Educación (LOE) en lo que se refiere a la forma de elegir a los directores de los colegios públicos. Para ello, la Cámara aprobó la reforma de la Ley de Escuela Pública, de manera que introduce una serie de cambios para acomodarse a lo que marca la LOE, que es normativa básica y, por lo tanto, de obligado cumplimiento en todas las comunidades, en este aspecto.

El departamento ha aprovechado la reforma para reforzar la figura del director, que se ha convertido en una patata caliente. Los profesionales rechazan el puesto por la carga de trabajo y responsabilidad que conlleva a cambio de muy poco reconocimiento profesional y sueldo. El texto recoge que el director podrá impulsar evaluaciones internas del centro y tendrá más autoridad para resolver los conflictos e imponer medidas disciplinarias. Ejercerá la jefatura de todo el personal y, especialmente, tendrá la consideración de líder pedagógico. Esta misión la desempeñan ahora de forma colegiada el jefe de estudios, el propio director y el equipo directivo en su conjunto.

El origen de la polémica con el Ministerio de Educación se remonta a tres años atrás. La Administración central ha recurrido los sucesivos decretos y órdenes aprobados por el Gobierno autónomo para elegir a los directores, por no amoldarse a lo establecido en la LOE, y el Tribunal Superior de Justicia vasco los ha anulado en todos los casos, colocando a los equipos directivos de los colegios de Euskadi en una situación de inseguridad jurídica. Esta actuación no ha llegado a tener efectos prácticos en los centros escolares porque el Superior no ha ordenado la ejecución de las sentencias, pero podría hacerlo en cualquier momento.

Para evitarlo, Educación elaboró el proyecto de reforma de la ley de Escuela Pública, ciñéndose estrictamente a lo que marca la LOE. Sin embargo, en ningún momento se refiere a esta ley ni a que realiza el cambio por necesidad. En un tono muy genérico, la consejería se limita a apuntar que, transcurridos 14 años desde la aprobación de la Ley de Escuela Pública, entiende que ha llegado el momento de cambiarla y lo justifica para potenciar la figura del director.

La LOE establece que la designación de los directores de los centros públicos debe realizarse por medio de un concurso de méritos entre todos los docentes, que tiene que evaluar una comisión mixta formada por representantes de las consejerías autonómicas y el centro. Frente a este sistema, Educación, invocando la Ley de la Escuela Pública Vasca, ha regulado hasta ahora que el director sea elegido únicamente por el consejo escolar, que es el órgano máximo de representación del centro y en el que tienen cabida padres, profesores y alumnos.

La redacción del sistema de elección de los directores que hace ahora el borrador es prácticamente idéntico al recogido en la LOE. Educación ha reconducido esta situación irregular después de los reveses judiciales y de las consultas efectuadas con las organizaciones sindicales de la enseñanza, las asociaciones de directores y las de padres de los centros públicos.

El PSE y el Partido Popular, que votaron a favor del proyecto, se congratularon de lo que entienden que es un cambio de rumbo del departamento y le animaron a seguir en ese camino de cara a lograr más acuerdos. Sobre todo, con la vista puesta en la inminente reforma del actual sistema de tres modelos lingüísticos, que la consejería está ultimando y que podría remitir al Parlamento en las próximas semanas, una vez que la apruebe el Consejo de Gobierno. "Los directores estaban en una situación de inseguridad jurídica insostenible", recalcó la portavoz del PSE en materia educativa, Isabel Celaá.