El Gobierno se ha gastado 134.000 euros para defender el Concierto

El Gobierno se ha gastado desde 1998 un total de 134.000 euros en asesoramiento jurídico externo para defender ante las instituciones europeas una serie de ayudas de carácter tributario derivadas del Concierto, que la Comisión Europea consideró ayudas de Estado y, por tanto, ilegales.

El tripartito precisa en una respuesta por escrito a una pregunta de la parlamentaria socialista Joana Madrigal que de los 134.000 euros, el bufete Cuatrecasas facturó un total de 85.904. El concepto era defender como ajustado a derecho el crédito fiscal del 45% -permitía recuperar ese porcentaje de las inversiones que superasen el euqivalente a 15 millones de euros- y las bonificaciones que concedieron las diputaciones por crear nuevas empresas. Por ese mismo concepto el bufete Falcón y Tella Abogados facturó 10.970 euros.

Gómez Acebo y Pombo, que prepararon la cuestión prejudicial en 1998, cobraron al Gobierno por una doctrina que luego aplicaron las tres diputaciones en su defensa colegiada 20.146 euros. El Ejecutivo pagó también al bufete de Ignacio Sáenz-Cortabarria 8.835 euros por la preparación del expediente administrativo y la formulación de la demanda relacionada con la exención fiscal a las empresas de nueva creación -exención del Impuesto de Sociedades durante una década para las empresas nuevas que invirtiesen más de 480.810 euros y crearan al menos 10 empleos-.

La última partida se destinó a pagar a Falcón y Tella otros 8.813 euros por defender las minivacaciones fiscales, es decir las deducciones sucesivas a las nuevas empresas del 99%, 75%, 50% y 25% desde el primer año.

Sentencias en contra

El Tribunal de las Comunidades Europeas recibió en 1997 una cuestión prejudicial (consulta) que planteó el Tribunal Superior vasco para que aclarara si las medidas de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica de julio de 1993 eran legales.

En julio de 1999, la Comisión abrió un expediente a los incentivos fiscales a la inversión vigentes entre 1995 y 2000 que resolvió calificándolos de "ayudas de Estado".

Las administraciones vascas recurrieron al Tribunal de Luxemburgo, que aún no ha dictado sentencia. A este expediente le había precedido otro sobre las ayudas Daewoo y Ramondín que también sentenció en contra.