"No somos delincuentes"

Tres objetos destacan sobre la mesa del alcalde de Canillas de Aceituno (Málaga, 2.336 habitantes), José Manuel Aranda, del PSOE. El primero es una tarjeta de visita amarilla del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El segundo es una carpeta de plástico con un escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, en el que se pide información acerca de unas viviendas construidas en suelo rústico sobre las que se ha abierto una investigación. El tercer objeto es un archivador con el proyecto básico de un hotel rural que promotor quiere levantar en esta localidad de La Axarquía.

Aranda, alcalde desde hace nueve años y electricista de profesión, confiesa llevar "unos días desmoralizado" por la atención judicial que ha despertado el urbanismo de Canillas y que, de momento, se concreta en tres diligencias previas contra él por supuestos delitos contra la ordenación del territorio. "Los alcaldes no somos delincuentes. Cuando salga del Ayuntamiento volveré a la electricidad con la conciencia muy tranquila", asegura. El regidor afirma que en el último año no ha vuelto a conceder una licencia, pero tiene una cosa clara: "No voy a echar una casa abajo, antes me voy del pueblo".

El alcalde ve en la construcción una salida para que los habitantes de Canillas dejen de "malvivir" del campo mientras el turismo en la alta Axarquía no se desarrolle. "Tenemos claro que rozamos la legalidad o la ilegalidad, según se mire, pero aplicamos normas muy estrictas para construir en suelo rústico: que la parcela mínima tenga 5.000 metros cuadrados, que la casa sea de planta baja, pintada de blanco, con tejas árabes y depuradora ecológica. No queremos crecer por crecer". Además, frente a los "falsos ecologistas", Aranda asegura que "donde hay una casa el campo está mantenido".