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La Axarquía, una catástrofe de ladrillo y cal

La laxitud política ha permitido miles de viviendas ilegales en la comarca

Mientras políticos y medios de comunicación centraban su foco en el enladrillamiento sin fin de la Costa del Sol occidental, con Marbella como ciudad-símbolo, la comarca de la Axarquía -29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de Málaga- se ha convertido, casita a casita y casi en silencio, en uno de los mayores desastres urbanísticos de Andalucía.

Entre 10.000 y 21.468 viviendas ilegales, según si el cálculo lo realiza la Junta o los ecologistas, se han desparramado sin orden alguno por valles y laderas, sobre todo en los pueblos de la segunda línea de costa.

Muchas casas carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas

La presión judicial comienza a agobiar a los alcaldes, casi todos imputados

Las construcciones en suelo rústico -habituales cuando la zona vivía mayoritariamente de la agricultura- se han multiplicado en la última década, especialmente por la demanda de ciudadanos de media Europa ansiosos de sol y campo. Pueblos como Alcaucín, de 2.286 habitantes censados, han pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, según los datos de la Dirección General del Catastro. En Algarrobo, las nuevas casas construidas en lo alto de los montes carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas. En Arenas se han levantado adosados en pleno monte. Y así sucesivamente.

El descontrol urbanístico ha degradado, quizá irreversiblemente, un territorio privilegiado. Y lo ha hecho en la misma cara de las administraciones públicas. Por un lado, los alcaldes se han visto desbordados por un fenómeno que ha enriquecido a muchos de sus vecinos y contra el que carecían de instrumentos -tanto legales como humanos- para actuar. Tampoco es que a los municipios les haya sobrado voluntad, ya que negarse a conceder licencias de obra o intentar poner un mínimo orden en el urbanismo es arriesgarse a perder las elecciones, sobre todo cuando un vecino que acondiciona su casa de campo por unos 48.000 euros, la puede vender por 360.000. "Los alcaldes que han consentido más tropelías son los que luego sacan más concejales", afirma Rafael Yus, presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA),

Por otro lado, la Junta de Andalucía no aprobó hasta julio de 2006 el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, que rige el urbanismo de toda la comarca. Y ello tras doblegar la voluntad de los alcaldes, sobre todo los del PSOE, rebelados contra un documento que dejaba definitivamente fuera de la legalidad -y por lo tanto expuestas a un posible derribo- a cientos de viviendas en suelo rústico. Para lograr la adhesión de los regidores, la Junta se comprometió a crear un consorcio que estudiaría la legalización de aproximadamente el 85% de las viviendas ilegales a cambio de compensaciones en forma de reforestación con especies autóctonas y de que los propietarios costeasen sus servicios de agua, luz saneamiento y basuras.

También se anunció la creación de un consorcio entre Junta, ayuntamientos y Diputación Provincial que se encargaría de autorizar los proyectos, lo que en la práctica supondría aliviar a los alcaldes de la presión urbanística. Dos años después no se ha movido un papel y todavía el viernes el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, anunciaba la creación de una "mesa de trabajo" con los alcaldes para "buscar soluciones a los problemas urbanísticos de la Axarquía". Vuelta a la casilla de salida.

Muchos regidores denuncian que los sucesivos cambios que ha sufrido el POT, con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y las modificaciones sobre el crecimiento de población y viviendas de los municipios les han impedido tener listos sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), con los que pretenden legalizar la inmensa mayoría de las casas.

Rafael Yus ha presentado más de 650 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en la comarca. Muchos de estos escritos han acabado archivados, pero unos cuantos están propiciando un goteo de causas que agobia a casi todos los alcaldes axárquicos. Pendón afirmó que las "situaciones de ilegalidad deben ser abordadas por la vía del derecho administrativo y nunca con carácter general desde el aspecto penal", y reclamó que se dejen para los tribunales "las irregularidades que de ninguna manera admiten posible legalización". Entre estas aberraciones se encuentran, por ejemplo, las decenas de casas levantadas en el área de protección del embalse de la Viñuela, y cuyas aguas sucias acaban directamente en el mayor embalse de la provincia, o las construcciones junto al castillo de Benthomiz, en Arenas. La alcaldesa de este pueblo, Basilia Pareja (PSOE) ha intentado, sin éxito, ceder a la Junta de Andalucía las competencias de urbanismo.

Sin embargo, todos los partidos están de acuerdo en que la bicicleta de la construcción no debe detenerse. "Existe un gran desequilibrio entre las zonas costeras y el interior que ha llevado a la Fiscalía a denunciar a muchos alcaldes por seguir adelante con proyectos verdaderamente necesarios" afirma el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, del PP. Por su parte, Pendón habla de "reconocer el carácter singular de la Axarquía (...) con una importante demanda que hay que satisfacer".

Muchas de las viviendas ilegales se han levantado por decreto de las alcaldías mediante la figura legal del proyecto de actuación, que permite construir una casa vinculada a una explotación agraria. Ahora, la mayoría de los agricultores axárquicos se llaman Ronald, Terry, Michael o Patrick. Muchos de los proyectos de viviendas unifamiliares han acabado conviertiéndose en "urbanizaciones encubiertas", según define Rafael Yus, donde las casas de dos o tres plantas con torreones y piscinas, construidos sobre enormes escolleras de piedra para salvar las pendientes han sustituido a los tradicionales cortijos de planta baja. Justamente lo que el POT pretende evitar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 8 de junio de 2008