El Consello de Contas rectificará la atribución a Táboas de pisos deficientes

El máximo responsable del Consello de Contas, Antonio López, aseguró ayer que "este organismo, una vez que se hagan las comprobaciones oportunas, rectificará el informe de fiscalización" que considera injustificable la decisión de la Consellería de Vivenda de recibir 30 viviendas protegidas en el municipio orensano de Pereiro de Aguiar que presentaban deficiencias y en cuyo diseño había participado la titular de este departamento, la nacionalista Teresa Táboas, cuando todavía ejercía como arquitecta.

La Xunta alega que los defectos en los pisos aparecieron en 2007

El órgano de fiscalización tomó esta decisión después de que Vivenda le hiciese saber que Táboas no trabajó como arquitecta en el grupo de viviendas deficientes, sino en otra promoción protegida que se construyó en la misma parcela. Fuentes del Consello subrayaron en su descargo que la empresa pública Xestur Ourense, dependiente de Vivenda y responsable de estos pisos, "no hizo constar ese error cuando se le requirió para presentar alegaciones al informe". El departamento que dirige Teresa Táboas sólo advirtió el problema cundo conoció la información publicada por EL PAÍS.

Xestur Ourense (en la que participan la Xunta y la diputación provincial) tampoco comunicó al Consello de Contas que, en el momento de la recepción de los pisos (mayo de 2006), las deficiencias ya habían sido corregidas. Frente a lo que afirma el informe, según el cual las obras fueron recibidas a pesar de la existencia de "diferentes patologías", Vivenda sostiene que el acta de recepción establece que las viviendas estaban en buen estado y carecían de "vicios ocultos".

Los posibles errores del informe de fiscalización del Consello de Contas no se quedan ahí. Según la consellería, los defectos detectados en una parte de los pisos protegidos de Pereiro de Aguiar fueron constatados en 2007, un año después de la recepción de las obras y "a raíz de denuncias de los propietarios". Entre ellas se cuentan, según el Consello de Contas, "fuertes condensaciones en vidrios y perfilerías, humedad en cubiertas por condensaciones" y "errores constructivos importantes" que "denotan falta de conocimiento y experiencia en la construcción por parte del contratista".

Estas deficiencias, sostiene la consellería, "aparecieron con posterioridad a la recepción de las obras por parte de Xestur, ya durante el uso de las viviendas". Y todas ellas también fueron subsanadas.

El departamento que dirige Teresa Táboas se apoya en que los problemas detectados en los pisos se conocieron en 2007 para rechazar la afirmación del Consello de Contas de que "con estas deficiencias no puede justificarse la recepción de las obras y el abono de las liquidaciones sin que previamente conste la práctica de actuaciones para el esclarecimiento de responsabilidades". El conselleiro maior, Antonio López, no quiso ayer "prejuzgar" si el Consello modificará también esta conclusión.

Teresa Táboas atribuyó el lunes los problemas de construcción y adjudicación de estos pisos, gestionados por la empresa pública de la Xunta Xestur Ourense, a la "situación caótica heredada" del Gobierno del Partido Popular.

El informe de fiscalización de Xestur Ourense en el que el organismo fiscalizador confunde la promoción de viviendas deficientes con otra que no tuvo problemas y en la que sí participó la conselleira cuando todavía no había accedido al cargo, forma parte de la investigación contable del año 2005. Los informes de ese ejercicio afectan a los últimos meses del Gobierno del PP y a los primeros de la Xunta bipartita formada por PSdeG y BNG tras las elecciones celebradas el 19 de junio de 2005.

Xestur Ourense recibió las obras dos años después de la fecha prevista y ocho meses más tarde de la conclusión del plazo legal para su calificación como viviendas protegidas y acabó vendiéndolas por debajo de su coste, unos 4.669 euros de rebaja en cada una, según el informe de fiscalización.

La promoción se saldó con un resultado negativo del 6,65%, lo que representa unas pérdidas de 564.958 euros "que se incrementarían hasta 826.566 euros en el caso de que no recupere las cantidades comprometidas por las administraciones locales para la urbanización".