Vivenda halló irregularidades en 32 de las 121 adjudicaciones de Pereiro de Aguiar

Cuando los actuales responsables de Xestur Ourense se hicieron cargo de la empresa pública, en el otoño de 2005, se encontraron con que las 121 viviendas de Pereiro de Aguiar ya estaban vendidas pero acumulaban un importante retraso en su adjudicación, la urbanización de la parcela estaba sin ejecutar en su totalidad y se habían detectado "importantes deficiencias" en su construcción, en particular en uno de los tres grupos en los que se dividió la promoción.

Las incidencias relacionadas con estos pisos no acaban ahí. Una vez entregadas las viviendas a sus propietarios (entre los cuales figuran familiares de altos cargos del Partido Popular en la la Diputación y el Ayuntamiento de Ourense, muchos de los cuales ya disponían de vivienda en propiedad en la cercana capital orensana), la Consellería de Vivenda abrió un expediente de sanción a 43 de ellos después de una investigación en la que constató que las viviendas no estaban siendo utilizadas como domicilio habitual, tal y como exige la legislación vigente. Los inspectores del departamento dirigido por Teresa Táboas advirtieron que los pisos amenazados de sanción apenas habían consumido electricidad 11 meses después de ser entregados a sus propietarios. Además de los consumos ("eran mínimos, cuando no inexistentes", subrayan fuentes de Vivenda), la consellería detectó señales inequívocas de la falta de ocupación: entradas llenas de hierbas y piedras, persianas cerradas todo el día y descuido generalizado de la parcela.

Tras el período de alegaciones, la consellería acabó confirmando la sanción a un total de 32 adjudicatarios (el 25% del total), a los que impuso la multa de 3.000 euros prevista en la ley.

Fuentes de la consellería confirmaron que el proyecto de ley de Vivienda (que en estos momentos está a la espera de informe preceptivo del Consello Económico e Social) corregirá el régimen de sanciones por el incumplimiento de las condiciones de la adjudicación para evitar que la escasa cuantía de las multas incentive la comisión de irregularidades.