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Holanda apoya a Sarkozy en el pacto europeo de inmigración

Isabel Ferrer

El pacto europeo sobre la inmigración que el Gobierno de Francia querría ver aprobado durante su presidencia de la UE (segundo semestre de 2008) ganó ayer un nuevo adepto: Holanda. Su ministro de Exteriores, el democristiano Maxime Verhagen, saludó en un encuentro bilateral en París "las líneas maestras" de un plan vertebrado en torno a un contrato obligatorio de integración, destinado a impulsar la identidad nacional del país receptor.

"Las propuestas francesas son, a grandes rasgos, muy buenas", dijo Verhagen, que puso especial énfasis en la defensa de los derechos humanos. A pesar de que el plan es un borrador, su homólogo francés, Bernard Kouchner, le tranquilizó señalando que "ofrecerá una garantía suplementaria en dicha materia, así como en el apartado de asilo, acogida y protección de las personas".

El pacto francés está destinado a reducir la llegada clandestina de extranjeros y a seleccionar en lo posible a los que entran de forma legal en la UE. Ambos aspectos se resumen en el control de los flujos migratorios, y suponen una de las mayores preocupaciones de los 27 socios comunitarios. De ahí que París proponga la firma de un contrato.

Diferencias culturales

"Regular la inmigración es un asunto delicado, y con los refugiados en particular, puede haber dificultades en virtud de las diferencias culturales en el seno de la UE. Holanda y nosotros mismos podemos estar de acuerdo. Pero los países del este europeo no participan de estas tradiciones. El texto será mejorado para que puedan aceptarlo todos", añadió Kouchner.

Sus palabras recordaron el llamamiento a la unidad de políticas de extranjería hecho el 24 de mayo por José Manuel Durão Barroso. El presidente de la Comisión Europea aprovechó el 60º aniversario del Congreso de Europa para abogar por "una política migratoria común y responsable en el espacio comunitario".

El ministro holandés de Exteriores acudió a Francia con la última polémica nacional al respecto aún caliente. Se trata del casi medio millar de inmigrantes irregulares chinos que abandonaron la clandestinidad a finales de abril, creyendo que habría una amnistía para los sin papeles. Al comprobar su error, al menos 200 han desaparecido, provocando un agrio debate parlamentario.

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