Los Defensores del Pueblo auditan la gestión de la ley de Dependencia

La Sindicatura de Greuges ha recibido más de 700 quejas relacionadas con la aplicación de la ley de la Dependencia. "El principal inconveniente es la inseguridad por problemas de pérdidas de expedientes o la repetición de trámites administrativos, que retrasan el proceso", apuntó ayer su responsable en funciones, Emilia Caballero.

Pero los problemas no son exclusivos de la Comunidad Valenciana. Los retrasos en las valoraciones, pero también la falta de regulación del copago de las prestaciones, la inexistencia de un reglamento sobre la calidad de los servicios o la falta de una norma común sobre la acreditación de los centros son algunas de las cuestiones de esta ley que más preocupan a los defensores del pueblo de diferentes autonomías reunidos ayer en Valencia.

El encuentro forma parte de los trabajos previos de unas jornadas, que se celebrarán en septiembre, destinadas a analizar la aplicación de la norma en las distintas autonomías y buscar soluciones comunes. Ayer, los responsables de esta institución de Cataluña, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias y la propia Comunidad Valenciana, pidieron "consenso y lealtad institucional" entre las administraciones locales, autonómicas y estatal, implicadas todas ellas en la puesta en marcha de la ley.

A falta de conclusiones y recomendaciones, que se presentarán tras las jornadas previstas para después del verano, los defensores del pueblo coincidieron en la complejidad de la ley y en la necesidad de recabar informaciones fiables ante las "dificultades" de obtener datos actualizados sobre la aplicación de la norma debido a los problemas que plantea el programa informático del Gobierno encargado de centralizar estos datos.

Junto a los problemas de implantación de la ley de la Dependencia, las jornadas de coordinación entre los diferentes defensores del pueblo, que se celebrarán en Asturias, abordarán también otras dos cuestiones. Una, sobre la situación de desprotección de algunos colectivos que no pueden ejercer plenamente sus derechos civiles en condiciones de igualdad por su situación de desempleo o pertenencia a minorías étnicas, entre otras. La otra, se refiere a los problemas de las personas con capacidad limitada para tomar decisiones y la toma de medidas de incapacitaciones o internamientos involuntarios.