Ensoñaciones laicas

Las proposiciones no de ley para eliminar los símbolos religiosos en ceremonias protocolarias oficiales y para revisar el tratado internacional de enero de 1979 entre el Reino de España y el Estado Vaticano -presentadas respectivamente por IU y por el BNG- fueron rechazadas en el Congreso con el turbado respaldo del Gobierno. Los socialistas justificaron su oposición a la primera propuesta con el argumento según el cual las prohibiciones legales poseen menor eficacia que el desuso originado por las prácticas sociales. El voto contra la segunda iniciativa aplazó la eventual discusión sobre su contenido hasta la reforma de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, incluida por la vicepresidenta en el calendario de la legislatura.

El Gobierno rechaza una proposición no de ley para la revisión de los acuerdos de 1979 entre España y El Vaticano

Sobran indicios para suponer que el Gobierno intenta evitar en lo posible los choques con la Iglesia -dispuesta a transformar al más mínimo pretexto cualquier discrepancia en un casus belli- sin dejar de proclamar al tiempo sus ensoñaciones de hacer realidad en un incierto futuro el programa constitucional todavía incumplido de la construcción de un moderno Estado aconfesional y laico. La paranoide reacción del cardenal Cañizares ante la noticia de la próxima modificación de la breve ley 7/1980 -promulgada dos años y medio después de aprobada la Constitución- ilustra la agresividad rampante de la Conferencia Episcopal: "Tratan de erradicar nuestras raíces cristianas más propias para avanzar hacia la laicidad".

La madre del cordero son las cuatro secciones del tratado internacional firmado en enero de 1979 entre España y la Santa Sede para modificar el régimen concordatario. Las exenciones fiscales y las ayudas económicas a la Iglesia, las subvenciones a los centros religiosos concertados y la oferta obligatoria de la catequesis católica en los colegios públicos son algunos de los asuntos en juego. La voracidad de la Iglesia convierte en sagradas cuestiones de principio sus conflictos temporales con el Estado: desde el aseguramiento de los privilegios materiales y simbólicos hasta el derecho a vetar las normas que contradigan a su juicio la ley natural de la que sería la exclusiva intérprete.

La Conferencia Episcopal ha exhibido una belicosa intolerancia -manifestada en las calles y en las ondas- contra la política socialista: el matrimonio homosexual, el divorcio exprés, la catequesis católica y el régimen de su profesorado, las investigaciones con células madre, la educación para la ciudadanía, etcétera. Ni la prodigalidad presupuestaria del Gobierno con la Iglesia ni su medroso abandono de la regulación del aborto y la eutanasia le sirvieron durante la pasada legislatura para saciar el apetito de la omnívora cofradía. Esa lección debería enseñar a los socialistas la inutilidad de ceder ante las insaciables exigencias del poderoso grupo de presión episcopal, que esgrime además como escudo protector de sus dobles lealtades ciudadanas un tratado internacional entre el Reino de España y un Estado extranjero. -