Roca lo niega todo
El principal imputado del 'caso Malaya' ratifica sus siete declaraciones anteriores antes del cierre del sumario
Ni pagos a concejales, ni sobornos de promotores para conseguir favores del Ayuntamiento de Marbella. Quien esperara un cambio drástico en la última declaración del máximo imputado del caso Malaya antes del cierre del sumario se quedó esperando. Juan Antonio Roca, el ex asesor urbanístico marbellí acusado de dirigir el Ayuntamiento marbellí en la sombra durante el gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y de urdir numerosas operaciones urbanísticas que dejaron al municipio sin patrimonio y con las arcas vacías, ratificó ayer ante el juez Óscar Pérez sus siete declaraciones anteriores sin cambios.
Durante más de cuatro horas negó los hechos de los que está acusado y aprovechó para darle un repaso punto por punto al auto de procesamiento, redactado por el primer instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Torres. Lo pormenorizado de su declaración le granjeó alguna que otra llamada de atención del juez Pérez, que le recondujo y le aconsejó que dejara ciertas apreciaciones para los recursos.
El supuesto cerebro de la trama de corrupción llegó al juzgado con ganas de hablar. Nada más bajar del furgón que le trajo muy de mañana de la prisión de Alhaurín de la Torre preguntó a los guardias si habían traído bocadillo para la cena. Era su oportunidad para reafirmar su versión de los hechos antes del cierre del sumario del caso, sobre todo sabiendo que ninguno de los 85 procesados ha declarado en su contra en el mismo trámite, conocido como declaraciones indagatorias.
Su declaración comenzó en torno a las 11.00. "Ha estado más de dos horas hablando sin parar con el auto de procesamiento delante", relataba uno de los 40 abogados presentes en la indagatoria. En ese tiempo volvió a negar todos los hechos de los que está acusado: el pago a concejales, haber cogido dinero de promotores para beneficiarles con resoluciones favorables para sus promociones. "Yo no era el jefe del Ayuntamiento marbellí, no era un funcionario y como no tenía esa categoría no podía tener atribuciones en secretaría, intervención, o personal", declaró Roca según su abogada Yolanda Terciado. El ex asesor marbellí exculpó a sus empleados, "porque sólo cumplían sus órdenes" y al despacho de abogados de Madrid acusado de crearle un entramado societario para blanquear capitales. Con respecto a su relación con promotores como Tomás Olivo, Ávila Rojas, aseguró que eran estrictamente comerciales y que hizo sus negocios con dinero completamente lícito.
Las famosas agendas y archivos contables de Maras Asesores, la empresa desde la que llevaba sus negocios, no reflejaban cantidades de dinero reales, sino previsiones que no tenía por qué corresponder con la realidad, aseguró. Y las anotaciones de pagos de la casa que la ex alcaldesa del GIL Marisol Yagüe tenía en Madrid son porque ella le pidió asesoramiento para la compra. "Lo anotó porque tiene la costumbre de anotar", dijo su abogada.
El juez formuló algunas preguntas, pero el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero no. "¿Qué le voy a preguntar si lo ha negado todo?", preguntó con enfado, según uno de los letrados presente. El fiscal tampoco quiso que las defensas del resto de los procesados hicieran preguntas porque durante las declaraciones indagatorias ninguno de ellos ha declarado en su contra. Después de varias protestas, el juez Pérez lo permitió. El turno de los abogados duró una hora.
Esta última declaración terminó en torno a las 16.00, pero las correcciones se prolongaron hasta las 19.30. Durante esas tres horas, Roca estuvo encerrado en una sala del juzgado leyendo y corrigiendo al detalle las 10 páginas de su comparecencia.
Susto previo
Las apreturas o los nervios por asistir por primera vez a una toma de declaración de Juan Antonio Roca, hasta ahora todas se habían hecho a puerta cerrada, hicieron ayer que uno de los 40 letrados que acudió a su declaración indagatoria abandonara los juzgados tras sufrir un desmayo. Sobre las 11.00 horas, cuando faltaba poco tiempo para que los abogados, el juez, el fiscal, y el máximo imputado de la trama de corrupción marbellí se acomodaran en una sala, de la que tuvieron que sacar una fotocopiadora para tener más espacio, el letrado Jorge Manrique, defensa del constructor y empresario taurino Fidel San Román, sufrió un desvanecimiento y comenzó a convulsionar. Sus compañeros temieron que fuera un infarto, pero se recuperó y bajó a la calle a tomar aire. Aunque en un principio lo atribuyó a una bajada de tensión, el abogado terminó abandonando los juzgados para hacerse un chequeo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.