El juicio contra Juan Antonio Roca y el juez De Urquía, el 21 de julio

Un día después de que se cerrase el sumario por el caso Malaya el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado para 21 de julio el inicio del juicio contra el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca. Roca estará acompañado en el banquillo de los acusados por el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 2 marbellí, Francisco Javier de Urquía, y Arnaud Fabrice Albouhair. La causa, procedente del caso Malaya, se inició por los delitos de prevaricación y cohecho.

Según el auto, durante las dos primeras jornadas se interrogará a los tres acusados y a más 30 testigos. El último día de juicio, en cambio, tendrá lugar la audición de las conversaciones telefónicas intervenidas en la investigación, así como la presentación de varias pruebas periciales. Entre los testigos que prestarán declaración se encuentra el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, y el teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos López Coig, así como distintos abogados y funcionarios judiciales.

La Fiscalía pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación y 213.000 euros de multa para el juez De Urquía, suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella desde julio de 2007. Al juez se le imputan los presuntos delitos de prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario. Para Roca y Arnaud, el Ministerio Público solicita la misma pena de prisión, nueve años de suspensión de empleo o cargo público y 177.000 euros de multa como cooperadores necesarios del delito de asesoramiento accidental y por cohecho.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, mantiene que De Urquía favoreció voluntariamente los intereses de Roca en relación con una denuncia presentada contra el dueño de una televisión local por un presunto delito contra la intimidad y el derecho a la imagen. Además, en los primeros meses de 2006 el magistrado decidió adquirir una vivienda y, de común acuerdo con Arnaud, se dirigieron al ex asesor urbanístico para que les ayudara en la compra, a lo que éste accedió "consciente de la importancia" futura de contar con la ayuda de un juez. El ex asesor urbanístico asumió el pago en metálico de esos 63.000 euros y 10.800 más, cuyos recibos, así como un sobre con 73.800 euros, se los hizo llegar al juez por mediación de Arnaud, asegura el Ministerio Público.