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El Consejo de Universidades deja sin facultad de Medicina a la Católica

Ignacio Zafra

Se cumplió el guión y el Consejo de Universidades ratificó ayer los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) contrarios a la creación de 57 nuevas carreras. Resultado: la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia no puede implantar Medicina, ni las otras tres titulaciones sanitarias que había previsto. El consejo (un órgano que reúne al Gobierno y a los 71 rectores españoles) dejó abierta la puerta a una revisión ultrarrápida de sus decisiones (dos días para presentar el recurso y siete más para formular alegaciones) antes de que la cercanía de la Selectividad impida cualquier cambio. Por escasas que sean sus posibilidades, la Católica volvió a manifestar su esperanza en darle la vuelta al veredicto.

¿Y la Generalitat? El Gobierno valenciano rompió su sepulcral silencio con una escueta nota de apoyo a la facultad católica de Medicina. Que contrastó, de un lado, con el enérgico respaldo exhibido hace un año, cuando la universidad intentó implantar Medicina con menos argumentos de los que tiene ahora. Y del otro, con el ruido generado por la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, que ha acusado al Gobierno socialista de discriminar a unas autonomías (en concreto, a la suya y a la valenciana) frente a otras (Cataluña) a cuenta de los dictámenes técnicos desfavorables de la Aneca.

La resolución del Consejo de Universidades tumbó cuatro de las solicitudes de la Católica. Lo que significa que el centro privado, cuyo dirigente supremo es el cardenal y arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, ha perdido, salvo que los recursos lo remedien, el 50% de los nuevos títulos de grado (que sustituyen a licenciaturas y diplomaturas en el nuevo esquema adaptado a Europa) que aspiraba a poner en marcha en septiembre. Y que tendrán que esperar probablemente, al menos, un año.

La Aneca informó en contra de la petición de Medicina por la falta de recursos humanos y materiales que detectó en la facultad privada.La Generalitat tardó menos de un mes, el año pasado, en crear la facultad de Medicina de la Universidad Católica desde que recibió la solicitud oficial. Pero tener la facultad no significaba tener la carrera. Para conseguirla, la privada necesitaba el visto bueno de los órganos estatales. Que no obtuvo porque un decreto del Gobierno había suspendido la creación de nuevos títulos en tanto no acabara la reforma del sistema.

Hasta que aceptó que era imposible, el Gobierno valenciano puso todo su empeño en que el Ministerio de Educación hiciera una excepción con la universidad del arzobispo. Justo Nieto, entonces consejero de Universidad, calificó la iniciativa de "apuesta del presidente Francisco Camps y de toda la Generalitat por la salud". Los mandos intermedios de su departamento; Vicente Rambla, portavoz del Consell, y Alejandro Font de Mora, que sustituyó a Nieto, defendieron la necesidad de la carrera por razones sanitarias, económicas y sociales.

Aquel despliegue contrasta con la muy discreta actitud que ha mantenido estos días. La noticia de que la Católica tenía negro implantar Medicina saltó a los medios valencianos porque Lucía Figar, la consejera de Educación de Madrid, comunidad presidida por Esperanza Aguirre, calificó de "discriminación intolerable" la decisión de la Aneca. Y acusó al Gobierno de Zapatero de maltratar a Madrid, Murcia y Valencia mientras beneficiaba a Cataluña. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el consejero Font de Mora participaron esa tarde en un acto universitario, pero no dijeron palabra.

Sólo ayer, a preguntas de este periódico, Educación difundió una nota en la que reafirmaba su respaldo a la implantación de los estudios, recordaba que el proceso seguía "abierto", y expresaba su "esperanza" de que se resolvería si había "buena voluntad por parte de todos".

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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