El Ayuntamiento planea privatizar la concesión de licencias de obras

El desacuerdo crece cada día un poco más entre el equipo municipal de Gobierno y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, (COAM), que rige su decana Paloma Sobrini. La manzana de la discordia es el procedimiento de concesión de licencias urbanísticas, de obra, de actividad y de funcionamiento, que el Ayuntamiento quiere privatizar.

La concesión de licencias se ha visto resentida por sus propias rutinas y, también, por los efectos derivados de la Operación Guateque, la trama de corrupción urbanística destapada el pasado 14 de noviembre, por la que han sido imputados 30 funcionarios municipales.

El Consistorio cuenta con el apoyo del Colegio de Aparejadores

Los arquitectos colegiados se quejan de que la tramitación de una licencia para construir o actuar en Madrid se puede prolongar más de dos años, entre otras razones, según algunos, por las cautelas extendidas entre el funcionariado técnico municipal tras la revelación de la trama corrupta. El Consistorio, por su parte, señala que la actual actitud del funcionariado -"sin tratarse de una huelga de celo", precisan fuentes oficiales- "consiste en acentuar el rigor administrativo de las concesiones".

El COAM ofrece a los particulares realizar los informes técnicos -que son preceptivos junto con los estudios previos y la propia emisión de licencias- de manera voluntaria, subraya Pedro Ortiz, portavoz colegial. El equipo municipal de Gobierno subraya, sin embargo, que de medrar la oferta del COAM, su carácter voluntario "aumentaría la burocracia ya existente", porque no contemplaría el conjunto de las concesiones, crearía dos clases de usuarios e introduciría cierto corporativismo, al ser los arquitectos jueces y parte en el proceso.

El Ayuntamiento brinda una fórmula consistente en crear unas denominadas Entidades Certificantes, aún por determinar pero "externalizadas" y convenientemente deslindadas de la actividad urbanística, según las mismas fuentes municipales consultadas, que asuman el conjunto del proceso de concesión de licencias, "supervisada a la postre por el funcionariado municipal".

Para el COAM, la proposición municipal implicaría la "privatización de hecho" de un cometido que Pedro Ortiz considera "indeclinable por parte de la Administración local". Otras fuentes colegiales corroboran que los arquitectos deben ceñirse a una oferta de asesoría documental, sin poder ir más allá.

El pulso se mantiene. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid busca aliados en los pequeños y medianos ayuntamientos, éstos sin capacidad apenas para informar técnicamente casi nada, así como en otros Colegios Profesionales Superiores, como el de Ingenieros Industriales, con el que ha suscrito un convenio, o el de Gestores Administrativos, al tiempo que emprende negociaciones con el de Ingenieros de Caminos.

Mientras, el Ayuntamiento cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Aparejadores. Así, Luis García Delgado, portavoz de este Colegio, dice que su Junta directiva "no se opone a la privatización que preconiza el Ayuntamiento" y que considera que la propuesta del Colegio de Arquitectos "implicaría más burocracia al respecto". Una dificultad añadida la compone la normativa legal vigente. Para llevar adelante su plan, el Ayuntamiento debería modificar la ley de Ordenación de la Edificación, incluso la ley del Suelo, creen los arquitectos. Pero tal modificación no dependería del Ayuntamiento sino más bien de la Comunidad de Madrid, donde, divergencias políticas aparte, ya en 2002 una propuesta modificadora al respecto fue tumbada por mediación del COAM.

A juicio de Pedro Ortiz, portavoz del COAM, "como nuestra condición de entidad de derecho público, así como la ley de Ordenación de la Edificación y la Ordenanza Municipal, nos permiten realizar el informe técnico, éste podría verse culminado en seis semanas y media, evitando así los retrasos en el conjunto del tiempo que exige la concesión y eludiendo la privatización de una función municipal del todo inviable".