El Constitucional da la máxima prioridad a resolver el 'Estatut'

El Tribunal Constitucional ha dado la máxima prioridad a la tramitación del Estatuto de Cataluña, para lo cual celebrará sesiones plenarias los martes, miércoles y jueves de todas las semanas, ralentizará la resolución de todos los recursos de amparo que no sean urgentes y sólo intercalará el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Reglamento del Senado, dado que es imprescindible que quede resuelto antes de la renovación parcial que tiene pendiente la institución.

La agilización del recurso del PP contra el Estatut fue acordada semanas antes del fallecimiento del magistrado Roberto García-Calvo y de hecho en las últimas semanas han sido todas "jurisdiccionales", cuando lo habitual es que el Tribunal delibere en semanas alternas asuntos gubernativos y los que afectan a la interpretación de la norma fundamental. Pero dado que las negociaciones para la renovación no avanzan, los magistrados pretenden concluir lo antes posible la deliberación, para dar una imagen de normalidad corporativa tras la desaparición de su compañero.

La decisión de acelerar el debate se tomó antes de fallecer García-Calvo

El fallecimiento del conservador García-Calvo ha reequilibrado el Pleno que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatut, del que había sido apartado por recusación el juez progresista Pablo Pérez Tremps. Así, el Pleno que estaba formado por seis jueces conservadores frente a cinco progresistas ha quedado ahora nivelado en dos bloques de cinco magistrados de cada sector, y en caso de empate, el voto de calidad de la presidenta inclinará la balanza hacia uno u otro lado.

Aunque los conservadores tenían en García-Calvo el más firme opositor a la constitucionalidad de los aspectos clave del Estatut (en un voto particular lo había enmarcado dentro de los "experimentos de tinte independentista que fisuran o propician la fractura de España"), tras el reequilibrio producido por su desaparición, la velocidad de las deliberaciones no parece que pueda tener una significación especial en el resultado.

Después de que el Tribunal sea renovado, su composición tendrá previsiblemente mayoría progresista, dado que de los cuatro magistrados que dejarán la institución tres son del sector conservador (el vicepresidente Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata), y únicamente la presidenta, María Emilia Casas, es del bloque progresista.

Tras el resultado electoral y contando con el apoyo de los nacionalistas (que si el tribunal avala el Reglamento del Senado podrán proponer candidatos), el PSOE previsiblemente no consentirá que se repita la misma proporción que hay ahora. Es decir, el PP no podrá contar con más de dos de los cuatro puestos en liza. Al salir tres conservadores y entrar dos, la composición del Tribunal, supuesto que el sustituto de García Calvo sea propuesto por el PP, acabaría siendo de siete progresistas frente a cinco conservadores. Una proporción que no mejoraría las expectativas del PP sobre el Estatuto, respecto a si la sentencia la dictase el actual pleno, dividido en dos bloques de cinco magistrados.

En cuanto a la marcha del Estatuto de Cataluña, aprobado en 2006 y recurrido en la mayoría de sus artículos, la realidad es que apenas se llevan unos 100 folios deliberados, que han sufrido enmiendas y remiendos una y otra vez. La ponencia, que corresponde a Elisa Pérez Vera, aún no ha abordado los aspectos más calientes, como la definición de Cataluña como nación. No obstante, con 50 o 60 letrados trabajando en el Estatuto a tiempo completo, las deliberaciones pueden avanzar a un ritmo espectacular y concluir mucho antes de lo previsto.

En cuanto al recurso del PP contra el Reglamento del Senado, la ponencia, que había correspondido a García-Calvo, ha sido reasignada a Ramón Rodríguez Arribas. García-Calvo ya estaba trabajando sobre ella, por lo que el nuevo ponente tendrá trabajo adelantado.

La sentencia sobre el Reglamento tendrá que ir vinculada en buena parte a la anterior sobre la ley orgánica del tribunal, que avaló la fórmula de que los magistrados que nombra el Senado puedan ser propuestos por las asambleas de las comunidades autónomas. Por eso se espera que pueda conocerse pronto, quizá incluso el próximo mes de junio.