El Gobierno lanza un ultimátum por el descontrol de la dependencia

El Gobierno central exige tener un control más estrecho sobre las ayudas a la Dependencia que desembolsa a las comunidades autonómas y amenaza incluso con cortar estos fondos hasta poner los datos en orden. La falta de información impide comprobar cuántas personas, de las 200.000 estimadas, están siendo atendidas.

Pidieron las ayudas en mayo de 2007 y sólo cuentan con la evaluación de Felisa

El Ejecutivo ha dado un plazo de seis meses a las comunidades para que aclaren qué tipo de ayuda están recibiendo los ciudadanos registrados en el ordenador central del sistema de dependencia. Y también de los que inscriban en el futuro. De no ser así, no recibirán el dinero que el Ministerio de Educación y Política Social libra por cada uno de ellos. La circular ha molestado mucho en algunas comunidades, que se quejan de este "nuevo requisito", pero el ministerio responde que todo se hace en aras de "la transparencia y de la mayor información a que tienen derecho los ciudadanos". El Gobierno se manifiesta abierto a cualquier consideración que hagan las comunidades.

Cerca del 80% de las prestaciones concedidas a las personas con dependencia, mayoritariamente ancianos, no aparecen especificadas en el ordenador central. No se sabe si lo aprobado es una ayuda económica para el cuidador familiar o una plaza en un geriátrico o en un centro de día. "Necesitamos datos oficiales y rigurosos para poder saber si esos solicitantes están realmente atendidos", explica la secretaria de Política Social de CC OO, Pura García. "Por otro lado", añade, "esto permitirá hacer un seguimiento de las ayudas, si otorgan más prestaciones económicas, que la ley contempla como algo excepcional, o por conceder un servicio, como una plaza de residencia".

Algunas comunidades, como Madrid o Castilla y León, Murcia o Galicia, o no tienen una sola ayuda especificada o apenas unas pocas. "Decir ahora que no se nos va a pagar hasta que se reconozca qué tipo de ayuda se está dando va en contra de la ley, que dice que el dinero se dará cuando se determine el grado y nivel del dependiente, así que esa nota que han enviado no tiene validez", dice indignada la gerente de Servicios Sociales de Castilla Y León, Milagros Marcos. "No hago caso de ese escrito que es anterior a la llegada de la nueva ministra [Mercedes Cabrera], que es dialogante y quiere mejorar la ley. Esto no tiene sentido, estamos por el diálogo".

Marcos cita además tremendos problemas informáticos que les han impedido cobrar por dependientes registrados desde noviembre. Del mismo problema hablan en Madrid, que no tiene una sola prestación especificada. "Cuando queremos poner de qué tipo es la ayuda que recibe el dependiente el ordenador nos lo devuelve. Esto es sólo un requisito que se han inventado para no dar el dinero", critican. El 13 de mayo se reunieron los responsables técnicos de algunas comunidades con el Imserso y la empresa Accenture, encargada del sistema informático, y allí se manifestaron los problemas con el ordenador. "Todo el mundo está indignado", se queja Marcos. En Cataluña han cambiado el sistema "porque el proporcionado por Madrid resulta inoperable". El ministerio dice que no han tenido muchas quejas por la informática. El Gobierno se ha comprometido a adelantar a 2008 la evaluación del sistema de dependencia prevista por la ley para el año que viene.