Una perversa lotería urbanística

"Una perversa lotería urbanística". Los ecologistas definían así el Plan Territorial Insular (PTI) de Mallorca en la denuncia que presentaron ante la fiscalía. Anticorrupción determinó que en la norma que aprobó el Consell de Mallorca anidaron presuntos delitos de tráfico de influencias, de información privilegiada y prevaricación en "la recalificación de grandes zonas rústicas que pasan a conformar suelo urbanizable de uso residencial". Los pelotazos propiciados por el PTI han quedado frustrados, bloqueados, por la causa penal abierta por la querella de los fiscales. Éstos afirman que existe "antijuridicidad, arbitrariedad y beneficio de particulares sin apenas utilidad pública y social".

Políticos del PP y Unió Mallorquina (UM) y empresarios inmobiliarios están imputados. Hoy declara ante el juez un hombre del ex presidente Jaume Matas, el diputado y ex consejero de Medio Ambiente, Jaume Font, que supuestamente divulgó detalles del plan. El miércoles declaró el promotor Vicente Grande, presidente del Real Mallorca. Mateo Sastre, dueño de Ibercon, y Federico Serratosa están señalados como beneficiarios de las recalificaciones.

Todos niegan haber usado información privilegiada. Pero según Anticorrupción, empresarios, propietarios y políticos traficaron con "la información [previa] para adquirir los referidos terrenos y hacer suya la importante plusvalía que se iba a generar". Así, según las investigaciones, muchos empresarios movieron decenas de millones en compraventas de terrenos.

El plan creó expectativas urbanas mediante la fórmula de permutar terrenos protegidos y sin valor por otros altamente rentables. Así, por ejemplo, a cambio de unas parcelas sin interés de Alcúdia, se facilitan 330.000 metros cuadrados urbanizables en suelo rústico de Marratxí, cerca de Palma, para 1.200 viviendas; la plusvalía supuesta es de 93,4 millones. Mediante el derribo del hotel Don Pedro (de Cala Sant Vicent) y de otro hotel menor y sin explotación, el Rocamar, en Sóller, se permite el desarrollo inmobiliario en 42 hectáreas de Campos, en Sa Rápita. El beneficio calculado es de 76,5 millones.

Las operaciones "no suponen medida alguna de protección ni de mejora del paisaje rural, ni de la calidad ambiental ni de la biodiversidad", contrariamente a la razón que se aduce para justificarlas, según denuncia la fiscalía.