No conviene dramatizar

En el último número de The New York Review of Books publica un artículo Thomas Power con el sugestivo título: Iraq: Will We Ever Get Out (¿Nos iremos alguna vez de Irak?), en el que arranca poniendo de manifiesto que, aunque muchos ciudadanos ingenuamente puedan pensar y aunque desde el punto de vista de la teoría constitucional no cabe duda de que cualquier nuevo presidente puede corregir por completo el rumbo marcado por el presidente anterior en cualquier terreno, es altamente improbable, por no decir imposible, que pueda hacerlo en lo que a Irak se refiere. El mundo no empieza cuando un nuevo presidente llega a la Casa Blanca, sino que la política tiene que hacerse a partir del status quo generado por las decisiones del o de los presidentes anteriores no sólo en política internacional, sino también en muchos aspectos de la política interna.

Me parece que, en este momento en que se está iniciando el debate predecisorio del nuevo modelo de financiación autonómica, sería bueno que recordáramos que, aunque muchos ciudadanos puedan pensar y aunque desde la perspectiva del Derecho Constitucional no quepa duda de que el modelo de financiación autonómica puede ser modificado por el legislador con la más absoluta libertad, es sumamente improbable, por no decir imposible, que pueda hacerlo.

El margen de maniobra del que se dispone para reformar la financiación autonómica es reducido. Mucho más reducido del que se ha dispuesto en el pasado. Los cambios que se han ido introduciendo en el modelo de financiación a partir de 1993, en el que se hizo la primera gran reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas de 1980 (LOFCA), han sido numerosos y de mucho calado. El modelo de 1980 descansaba en la capacidad tributaria casi exclusiva del Estado y en la participación de las comunidades autónomas en lo recaudado por éste, mientras que en la actualidad, mediante la cesión parcial pero significativa de determinados tributos de un gran potencial recaudatorio, las comunidades autónomas o no dependen o dependen en mucha menor medida de la participación en los ingresos del Estado.

Estos cambios en la financiación autonómica se han producido en medio de tensiones muy fuertes. No sé si los lectores recordarán lo que ocurrió tras el cambio del modelo en 1996, tras la victoria por una mayoría muy reducida del PP en las elecciones generales de ese año, que obligó a José María Aznar a viajar a Barcelona y cerrar el llamado Pacto del Majéstic, por el que se acordó reformar el modelo de financiación. Dicha reforma no fue aceptada por varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, que quedó fuera de la misma y que la recurrió ante el Tribunal Constitucional. Fueron también los años en que no se reconoció la cifra oficial de la población del censo definida por el propio Gobierno de la nación mediante Real Decreto y que hizo que desaparecieran 400.000 andaluces a efectos de financiación de nuestra comunidad.

Quiere decirse, pues, que no conviene dramatizar. En lo que a la financiación se refiere, hemos pasado por situaciones mucho peores que la actual. Hay que prepararse, hay que articular bien la propia posición, que tiene que contemplar la financiación de nuestra comunidad, pero no sólo de ella, sino del conjunto del Estado, y hay que defenderla en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, buscando las alianzas necesarias para hacerla prevalecer.

Creo que deberíamos tener una razonable confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de persuasión, porque no hay nada de lo ocurrido desde la puesta en marcha del Estado autonómico que justifique que no la tengamos. En peores garitas hemos hecho guardia.