Paradojas tras la lluvia

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha diseñado en su espacio de competencia, Cuencas Internas de Cataluña, una planificación hidrológica ejemplar; probablemente la más avanzada y coherente, no sólo de España, sino de la Unión Europea, cuando menos en el espacio mediterráneo. En este contexto, resulta paradójico que la crisis de sequía que sufre, o ha sufrido, Barcelona esté siendo gestionada tan mal. La Agencia Catalana del Agua ha tenido el coraje y la inteligencia de apostar por un modelo de planificación coherente con la nueva Directiva Marco de Aguas, basada en la modernización de redes, la gestión integrada de aguas superficiales y subterráneas, la regeneración y reutilización de caudales y la desalación de aguas de mar, desde una sólida perspectiva de recuperación del buen estado de los diversos ríos, ecosistemas y acuíferos. Desde este enfoque, se han rechazado de forma consistente las estrategias trasvasistas: tanto la propuesta por CiU de llevar el Ródano a Barcelona, como la del masivo trasvase del Ebro, promovido por el PP. Llevar el Ródano a Barcelona costaría más de 1€/m3, y trasvasar aguas de baja calidad del Bajo Ebro, no sólo encierra graves incertidumbres de disponibilidad y una evidente conflictividad social, sino que acabaría costando cerca de los 0,4 €/m3 que supone hoy desalar aguas de mar para obtener caudales de alta calidad. La planificación vigente en Cataluña garantiza olvidarse de los problemas de agua de Barcelona para un buen tiempo, aun en ciclos de extrema sequía como el que se ha venido sufriendo. Incluso se prevé lo que nunca se ha hecho en Europa: revertir un trasvase, el del Ter, del que se obtiene buena parte del agua que bebe Barcelona.

Ya no son aceptables las obras de trasvase previstas como respuesta a la sequía en Barcelona

Hay un problema de fondo, el desmedido crecimiento urbanístico

Desgraciadamente, la puesta en marcha de las desaladoras previstas (Llobregat, Tordera y Cunit), con una capacidad de 200 millones de metros cúbicos al año, llega tarde. Probablemente esa tardanza encierra fallos o indecisiones criticables (el anterior Ministerio de Medio Ambiente fue sin duda más diligente en Alicante, Murcia y Almería, y gracias a ello ninguna ciudad en aquella zona ha sufrido restricciones ni situaciones de emergencia). Pero, sobre todo, resulta difícil de justificar la demora en abrir el pertinente debate ciudadano sobre la eventual posibilidad de que los recursos de Cuencas Internas se agotaran antes de que las desaladoras estuvieran en servicio. Sin duda el calendario electoral jugó un papel clave al respecto; pero en ningún caso justifica la improvisación con la que se viene actuando.

Menos justificable resulta la actitud del Partido Popular y de CiU. Intentar aprovechar la emergencia ciudadana para sacar el muerto del cajón y volver a debatir la planificación basada en grandes trasvases es tan oportunista como irresponsable. El problema

no ha estado ni está en la planificación, sino en la gestión de una situación de emergencia producida por el ciclo de sequía más duro que ha sufrido Cataluña desde que se dispone de datos climáticos fiables.

En todo caso, insistimos, la crisis en cuestión ha sido mal gestionada, con la improvisación como norma. La desaparición del Ministerio de Medio Ambiente tampoco ha ayudado ni ayudará en el futuro. Sin embargo, lo que resulta más inaudito es la forma como se ha pretendido cerrar la crisis, tras las últimas lluvias. El hecho de que, con las recientes lluvias, se haya pasado a cerca del 30% de la capacidad de embalse (cifra que se superará en breve) supone garantizar en torno a 50 hm3 de aguas superficiales. Otro tanto puede llegarse a almacenar (aunque más lentamente) en los acuíferos, fuertemente castigados por el elevado ritmo de extracciones al que han estado sometidos. Todo ello supone un volumen muy superior a los 35 hm3 que la ACA ha venido estimando como la reserva necesaria (si no llovía) para llegar hasta el mes de mayo, en el que entrará en servicio la desaladora de Llobregat. En estas circunstancias, no es aceptable ni comprensible mantener las obras de trasvase previstas como respuesta, en última instancia, a la situación de emergencia. Por el contrario, parecería razonable, por prudencia, mantener el ejemplar nivel de compromiso ciudadano conseguido hasta la fecha para ahorrar agua. De forma incomprensible, sin embargo, la decisión anunciada en principio fue justo la contraria: poder llenar piscinas pero mantener el polémico trasvase.

Podríamos comparar la situación a una emergencia médica, en la que, ante un diagnóstico de grave infección intestinal, se impusiera un severo régimen alimentario, previo a la correspondiente intervención quirúrgica, en última instancia. La decisión adoptada en principio equivale a que, ante una evidente mejoría del paciente, el equipo médico optara por permitirle comer y beber cuanto quisiera pero, eso sí, manteniendo la intervención quirúrgica, porque el quirófano ya estaba reservado... El problema, más allá de recovecos técnicos, pasa a ser de coherencia y de credibilidad política y social. Esperemos que la rectificación del presidente Montilla en lo que se refiere a poder llenar piscinas vaya seguida de una consecuente aplicación de los criterios que presidieron la decisión de hacer ese trasvase, como medida extrema en última instancia, lo que la coloca en un plano de primera instancia al aliviarse la situación de escasez.

Desgraciadamente, más allá de garantizar el agua de Barcelona (como la de cualquier otra ciudad de España), cuestión, como es bien sabido, que compartimos desde un principio de forma consecuente desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, nadie asume debatir los grandes problemas de fondo que esta crisis debería llevarnos a considerar de cara al futuro: el desmedido crecimiento urbanístico de Barcelona y Tarragona, por un lado, y el insensato crecimiento de nuevos regadíos en la cuenca del Ebro. Y todo ello en la perspectiva vigente de cambio climático... Cataluña tiene una buena planificación de aguas, tal y como ya hemos argumentado; pero el reventón urbanístico previsto en la planificación territorial, tanto en la zona de Vic como en Tarragona, dista mucho de ser razonable y sostenible. En lo que se refiere a la Cuenca del Ebro, más de 300.000 nuevas hectáreas de regadío (que supondrán el doble de caudales de los previstos en los trasvases del Ebro proyectados por el Plan Hidrológico Nacional del PP), es una locura, tanto desde el punto de vista económico y social como, evidentemente, desde el punto de vista ambiental; sin contar con la guinda de proyectos como Gran Scala en la estepa monegrina...

La irrupción del nuevo Ministerio de Agricultura, fagocitando al de Medio Ambiente, y los ímpetus de la Generalitat, del Gobierno de Aragón y del Gobierno navarro, bajo el impulso de intereses electoralistas, no ofrecen buenos augurios. Esperemos que la movilización ciudadana sea capaz de suscitar un impulso de racionalidad y de inteligencia colectiva que nos permita promover modelos de ordenación territorial sostenibles. La sequía de Barcelona es tan sólo un aviso.

Pedro Arrojo Agudo. Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza.