El test de Taguas
El público de a pie anda siempre fijándose en los dirigentes; los quiere ejemplares. Examina su comportamiento y destila después de ellos qué conductas de las que tiene a su alcance directo quedan homologadas. Los mayores recordarán aquel verano en que el presidente Felipe González subió a bordo del yate Azor para hacer una breve travesía. La decisión parecía irreprochable y su entorno oficial insistió, además, en que lo hacía de modo deliberado para romper el tabú del franquismo. Pero sucedió como si se hubiera decretado barra libre y enseguida algunos cargos electos del mismo signo político que el del presidente se sintieron autorizados para subirse cada uno a lo que tenía más cerca, empezando por el alcalde socialista de Segovia, quien optó por celebrar su boda poco después en el Alcázar. Se trata de un pequeño detalle pero viene a confirmar cómo hay cuestiones que aunque sean de intachable legalidad deben evitarse, habida cuenta del alcance de su onda expansiva.
Ése es también el caso de la pasarela por la que ha transitado David Taguas, ex jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, hasta llegar a la presidencia de Seopan, Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional. Podrá decirse que el trámite preceptivo de consulta con el Ministerio de las Administraciones Públicas se ha salvado sin objeciones. Los incondicionales arguyen además con otros precedentes donde estuvieron incursos altos cargos salientes de Gobiernos del PP como Miguel Ángel Rodríguez, Alfredo Timermans, Rafael Arias Salgado y por ahí adelante. Aquí ha faltado la elegancia más elemental en el proceder de Taguas y excusarse buscando analogías con el PP carece de sentido porque comportamientos como ésos son los que debilitan la credibilidad de los populares y encaminaron las preferencias hacia los socialistas. Por eso, en las filas del PSOE cunde el malestar al que han dado ya expresión pública algunos diputados como Barrio de Penagos y De la Rocha. Su incomodidad es de tal punto que han adelantado su voto a favor de la moción planteada por IC donde se lamenta el dictamen de la Oficina de Conflicto de Intereses, se propugna añadir entre las incompatibilidades para los altos cargos de la Administración a sociedades, organizaciones y lobbies de las características de Seopan y se reclama que los miembros de la mencionada oficina sean elegidos por mayoría cualificada del Congreso.
Estamos en los momentos iniciales de esta segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y lo que ahora suceda y la forma en que se reaccione por parte del Gobierno tiene una gran capacidad de colorear los cuatro años restantes. Reparemos, por ejemplo, en la nueva actitud de las fuerzas del arco parlamentario respecto de la barbarie etarra, en los nuevos modos que se advierten entre el Poder y la Oposición, barruntos de otra cultura política, pero también atendamos a las conductas faltas de elegancia como la demostrada por Taguas, Seopan y la tantas veces citada Oficina de Conflictos. Encontraríamos con facilidad algunas analogías entre quienes intentan convalidar ahora el caso Taguas y los que en su día prefirieron ahogar la denuncia de irregularidades impulsada por el concejal del Ayuntamiento de Madrid Alonso Puerta cuando formaba parte de la corporación presidida por el alcalde Enrique Tierno Galván. Entonces, el PSOE optó por desautorizar al denunciante, aduciendo aquel principio cuasi mafioso de que los trapos sucios se lavan en casa. Ése fue el comienzo de la convalidación de los abusos que fueron subiendo su graduación hasta el despeñadero de los roldanes unos años después.
El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, tiene para hoy una papeleta muy difícil porque estamos ante la primera amenaza seria de fractura de su grupo, que se hará tanto más verosímil cuanto más razonable se vaya mostrando el PP. Porque aquella unidad reactiva, lograda al grito de que viene el lobo aznarista, aquel cierre de filas de la legislatura anterior a la vista de la barbarie confabulada de enfrente, dejará de ser hacedera, parece haber caducado de modo irreversible. En adelante, las disidencias no podrán quedar invalidadas como traiciones -ni las surgidas por el caso Taguas, ni las abiertas en torno a la financiación de las comunidades autónomas, ni las que afloren sobre la relación con los nacionalistas- sino que habrán de ser aceptadas como un ejercicio saludable y una contribución valiosa para fijar las posiciones del grupo. En todo caso, ZP, después de los cuatro años pasados en La Moncloa, debe saber que al presidente no se le juzga sólo por su honradez personal, sino que también responde de la de todo su entorno. Sepamos que ninguna reforma legal ofrece garantías si falla la transparencia y flaquean las actitudes. El Poder debe sentirse vigilado.
