La policía interroga a empresarios en busca de más extorsiones en Coslada

La llamada Operación Bloque va para largo. Tanto para la policía como para los jueces y abogados. Los agentes del grupo contra Organizaciones Criminales de Antiguos Países del Este (OCAPE) tienen previsto tomar declaración a partir del próximo lunes a los empresarios y comerciantes que, supuestamente, fueron extorsionados y amenazados por los policías locales de Coslada (83.200 habitantes). Estos interrogatorios permitirán, según fuentes del caso, sacar a la luz todo el entramado de coacciones y cobro de dinero.

La policía no ha hecho estos interrogatorios hasta la fecha para no levantar la sospecha entre los empresarios y comerciantes, de modo que pudiera haber alguna filtración que diera al traste con las detenciones. Ha preferido esperar a que estuvieran todos los supuestos autores en prisión o imputados para evitar que alguno destruyera pruebas o se fugara, al conocer las pesquisas de los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial esperan que los empresarios y comerciantes reconozcan a algunos de los detenidos a través de las fotografías y describan de forma pormenorizada cómo actuaban los presuntos extorsionadores.

También están a la espera de detener a más empresarios que pagaban a los policías locales para que sometieran a inspecciones a locales de la competencia. Eso supondrá nuevas detenciones, incluso, en municipios cercanos a Coslada.

Los investigadores han recibido en los últimos días numerosas llamadas y correos electrónicos de personas que están supuestamente afectadas por la trama policial. Todos están siendo analizados por si se amplía el número de delitos o de detenidos.

Fuentes judiciales también esperan novedades a corto plazo. No descartan que el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de la Plaza de Castilla, Eduardo Cruz Torres, se inhiba del caso para traspasarlo a los juzgados de Coslada. Este magistrado comenzó las diligencias, ya que fue un grupo de prostitutas el que denunció que policías locales de Coslada abusaban sexualmente de ellas, sin recibir ningún dinero a cambio. Según consta en su denuncia, los agentes, a las órdenes del supuesto número dos de la trama, Carlos M. G., iban a un polígono industrial de Vicálvaro y mantenían relaciones sexuales con las mujeres. En ocasiones las subían en los coches patrulla y las llevaban a Coslada, donde organizaban orgías.

Los policías detenidos siempre han negado estos hechos y afirman que eran las mujeres las que muchas veces les llamaban. Alguno ha mantenido incluso que alguna prostituta le ha mandado hasta 120 mensajes por el teléfono móvil. En ellos les pedía que volvieran a verse. También afirmaron que sólo habían mantenido relaciones sexuales una vez en un coche patrulla.

Otras fuentes judiciales creen que el juez Torres Cruz se quedará con la parte del caso de prostitución denunciada en la comisaría de San Blas-Vicálvaro. Las mujeres se han convertido en testigos protegidos. Está previsto que hagan una rueda de reconocimiento el próximo viernes en el juzgado 21 de la plaza de Castilla en la que estarán el jefe de la policía de Coslada, Ginés Jiménez; su supuesta mano derecha en la trama, Carlos M. G., y el otro lugarteniente, Adrián J.