El Parlamento de Vitoria acusa al Gobierno de amparar torturas

Los grupos parlamentarios vascos que el jueves homenajearon juntos al guardia civil asesinado por ETA en Legutiano se dividieron ayer de nuevo por la mitad en un debate en la Cámara vasca, que terminó censurando al Gobierno por su "amparo" a ocho guardias civiles acusados de torturas por dos etarras detenidos en enero en Mondragón. Los tres grupos del Ejecutivo vasco, PNV, EA y EB, se sumaron a una propuesta de Aralar, que también secundó el PCTV, y que supuso la reprobación de la Cámara al Gobierno, al que ésta acusó de dar "amparo sin excepción a las fuerzas policiales" ante las denuncias de torturas.

El tripartito añadió, además, un párrafo con el fin de "exigir al Gobierno que cese en la concesión sistemática de indultos a condenados por torturas". El texto censura "especialmente" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el caso de la denuncia de Igor Portu y Mattin Sarasola, acusados del atentado de la T-4. El primero de ellos fue hospitalizado, y los ocho guardias, imputados.

La parlamentaria proponente de la iniciativa, Aintzane Ezenarro (Aralar), se negó a posponer el debate, como le pidió el portavoz socialista, José Antonio Pastor, para preservar la imagen de unidad que dio la Cámara ante el asesinato de Manuel Piñuel. Pastor dijo que ese contexto convertía la iniciativa en "obscena". Ezenarro ya retiró su propuesta de un pleno a principios de abril y ayer no quiso hacerlo de nuevo.

Tanto Pastor como el popular Carlos Urquijo recordaron que ETA ordena a sus miembros denunciar torturas de modo sistemático. El primero leyó textos de la banda dando instrucciones de cómo hacerlo. Pero la portavoz del PNV, Gema González de Txabarri, se apoyó en los informes de Amnistía Internacional y del Relator de Naciones Unidas para la Tortura.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, criticó ayer con dureza desde Lima (Perú) la resolución del Parlamento vasco, informa Miguel González. Recordó que "en un Estado de derecho, los únicos que tienen capacidad para determinar la responsabilidad de un funcionario público [un policía] son los tribunales, nunca un partido político". En un tono serio pero sereno, dijo que la iniciativa está "totalmente fuera de contexto" y es "infundada", al tiempo que recordó que resulta "bastante evidente que las fuerzas de seguridad del Estado cumplen con profesionalidad su tarea y el ministro del Interior también".